El astillero rechazó por carta la rescisión del contrato y pidió retirar lo construido en Vigo, en tanto el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, confirmó acciones judiciales para recuperar el dinero.
Mediante una carta, Francisco Cardama le pidió al Estado uruguayo retirar lo construido en Vigo.
El conflicto entre el Estado y Cardama sumó un nuevo capítulo tras una carta enviada al Ministerio de Defensa, en la que el astillero español acusa al gobierno de actuar de forma “abusiva” y con “improvisación prepotente”, en el marco de la rescisión del contrato por dos patrulleras oceánicas.
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La misiva, firmada por el director del astillero, Francisco Cardama, fue dirigida a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y rechaza de plano la decisión del gobierno uruguayo de poner fin al acuerdo para la construcción de los buques. En el texto, la empresa sostiene que el Estado nunca tuvo intención de considerar sus argumentos. "Lo único que ratifica su comunicación es un modo de proceder abusivo y malintencionado del Estado uruguayo que ratifica que nunca les interesó escuchar razones de tipo alguno, estando en cambio comprometidos desde el inicio únicamente con concluir a como diera lugar que debía rescindirse el contrato", indicó en la carta.
Cardama afirma que la resolución oficial se basó únicamente en cuestionamientos a la garantía presentada por la compañía, y acusa a las autoridades de haber manipulado y ocultado información durante el proceso. En esa línea, califica la actuación del Ministerio de Defensa como una “incongruencia” y una muestra de “improvisación prepotente”.
Además, el astillero denuncia que el procedimiento administrativo fue “irregular” y enumera distintos episodios sobre los cuales, asegura, la cartera no ha dado explicaciones. Como parte de su planteo, también solicita que el Estado uruguayo retire de sus instalaciones en Vigo lo que ya fue construido, argumentando que se trata de una estructura hecha a medida que no tiene utilidad comercial para la empresa.
"Lo construido es algo a medida para el Estado uruguayo y no representa ninguna utilidad para Cardama. Actualmente lo construido ocupa buena parte de las instalaciones de Cardama, generando gastos e inconvenientes que se traducirán en más daños que ser indemnizados", señalan en la carta.
Desde el oficialismo, las declaraciones del astillero fueron rechazadas. El senador Eduardo Brenta calificó las expresiones como “graves y sin argumentos”, y sostuvo que deberían motivar una respuesta conjunta de todo el sistema político. El legislador afirmó que la carta de la empresa no hace más que confirmar las irregularidades detectadas en el proceso, incluyendo fallas en la construcción señaladas en informes técnicos.
Brenta cuestionó, además, que Cardama exija el retiro de lo construido sin dar cuenta de los fondos que debería devolver al Estado uruguayo. En ese sentido, el legislador adelantó que el gobierno impulsará acciones legales para recuperar los aproximadamente 30 millones de dólares abonados. "Estamos ante una gran estafa al Estado Uruguayo, que la carta no hace más que reafirmar todo lo que hemos visto hasta ahora”, señaló.
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