Yamandú Orsi oficializa la rescisión con Cardama por "incumplimientos graves" y confirma acciones legales

El presidente se comprometió a seguir avanzando por las OPV y aseguró que avanzarán investigaciones para determinar responsabilidades de la gestión anterior.

El presidente Yamandú Orsi oficializó la rescisión del contrato con Cardama, junto a Sandra Lazo y Jorge Díaz.

El presidente Yamandú Orsi oficializó la rescisión del contrato con Cardama para la construcción de las patrullas oceánicas, al hacerse eco del informe de Bureau Veritas sobre algunos incumplimientos, en una conferencia de prensa junto a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo; y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, donde habló de "incumplimientos contractuales graves" y anticipó acciones legales.

Orsi hizo el anuncio tras la reunión del Consejo de Ministros, donde dialogó con su gabinete sobre la situación del astillero español, así como un balance sobre la misión oficial a China y en la previa de su mensaje ante la Asamblea General.

Orsi definió a la rescisión como “una acción que apunta a la necesidad permanente de transparencia en la gestión pública" y recordó que tanto la garantía de fiel cumplimiento como la de anticipo financiero o reembolso “no cumplen con lo establecido en el contrato”.

“A tal punto es irregular la situación, que el documento que presentó Cardama no era la póliza de garantía de la empresa, sino que teníamos un documento de términos y condiciones”, apuntó.

Las acciones del gobierno contra Cardama

“Después de recorrer todo este camino para ofrecerle a la empresa la oportunidad de poder caminar juntos, llegado este momento decidimos iniciar cuatro acciones”, anticipó el mandatario, quien recordó que el inicio del proceso fue el pasado 22 de octubre.

En ese sentido, detalló: “La primera es rescindir el contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios; la segunda, iniciar acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo”.

A la par, habló de “definir responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar para ello”, mientras insistió en “procurar la adquisición de las OPV, tan necesarias para la defensa de la soberanía”.

Cómo sigue la puja judicial

Ante la pregunta sobre los motivos, Díaz tomó la palabra y aclaró que “el contrato establece que las cuestiones vinculadas a los incumplimientos contractuales se dirimen en la jurisdicción nacional y todo lo que tenga que ver con lo constructivo a través de los arbitrajes”, precisando que “hay una bifurcación de vías para resolver las diferencias”, anticipando un "juicio por daños y perjuicios".

“Esto se trata de un contrato de suministro por el cual el Estado uruguayo contrata a una empresa extranjera que le suministre OPV. Acá no hay arbitrajes internacionales en base a tratados de inversión porque acá no hay un inversor, sino un proveedor del Estado uruguayo”, precisó el prosecretario de Presidencia, quien dijo que el contrato está suscripto en el marco de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (Tocaf) y confirmó que Uruguay “cumplió todas sus obligaciones”, a diferencia de la firma española.

“El motivo de la rescisión se basa estrictamente en términos jurídicos y contractuales. Los graves incumplimientos en materia constructiva darán lugar a otro tipo de acciones”, aseveró y sostuvo que las garantías "son elementos sustanciales del contrato, no accesorios", para luego sentenciar: "A tal punto integran la estructura o el contenido esencial, que, si no se constituían, el contrato no entraba en vigor. Y había un plazo de 45 días, pero se transformaron en once meses sin actos administrativos por prórroga".

El presidente Yamandú Orsi firmó la rescisión del contrato con Cardama.

Adquisición de las OPV

Sobre el futuro de las patrullas oceánicas, Orsi insistió en que se trabaja “para recuperar el patrimonio, viendo cómo nos hacemos de eso que está o del dinero”, mientras Lazo afirmó: “En esta administración habrá patrulleros oceánicos”.

“No solamente estamos trabajando y explorando las diversas posibilidades, sino que además estamos robusteciendo desde otro lugar todas las herramientas necesarias para avanzar en la salvaguarda de nuestra soberanía nacional”, expresó la ministra.

En tanto, Orsi señaló que “estamos explorando con otros países” para adquirir OPV similares, mencionando la posibilidad de trabajar con Argentina, Colombia, Corea del Sur, Francia, India y España.

A la par, se piensa en cuestiones provisorias. “Vamos a tener lanchas rápidas para la vigilancia para tener una solución intermedia, con un ofrecimiento que hemos tenido de Estados Unidos”, resaltó.

La lupa en el gobierno anterior

Al ser consultado por la posibilidad de sanciones a jerarcas de la gestión anterior, Orsi aclaró que “una de las cuatro acciones es definir responsabilidades institucionales e individuales”, lo que implica que continúen investigaciones administrativas.

“No hablamos de gobierno, sino el Estado funcionando, resolviendo situaciones y detectando y actuando en consecuencia cuando existen responsabilidades concretas”, señaló y no descartó “la disposición de algún sumario cuando algún funcionario quizás no haya actuado de manera correcta en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional (MDN)”, mientras Díaz acotó que ya se descartaron tanto en el Banco República (BROU) como en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).