El caso Cardama enfrenta a dos gestiones de gobierno, ¿puede haber consecuencias políticas?

En paralelo a la vía judicial, la comisión investigadora deberá dar cuenta de posibles responsabilidades políticas en la compra de las patrullas oceánicas.

El caso Cardama enfrenta a dos gestiones de gobierno, ¿puede haber consecuencias políticas?

La comisión bicameral investigadora por Cardama comenzará a trabajar cuando el Parlamento de curso a nuevo período legislativo, la próxima semana, pero sus posibles resultados abren diferentes escenarios para la política uruguaya: ¿qué puede esperarse de un proceso que enfrentará a dos gestiones de gobierno?

Desde el primer anuncio del presidente Yamandú Orsi respecto a las irregularidades detectadas en el proceso de compra de las patrullas oceánicas (OPV) al astillero español Cardama por parte de la administración anterior, el caso se ha convertido prácticamente en terreno de guerra entre el Frente Amplio (FA) y la Coalición Republicana (CR), con sospechas de responsabilidad políticas de uno lado y acusaciones de “revanchismo” por el otro.

Pese al acuerdo logrado en el Parlamento para avanzar en una comisión investigadora bicameral —cuando parecía que cada Cámara tendría su propia instancia duplicada—, el debate entre oficialismo y oposición promete no ser pacífico, aunque siembra dudas sobre sus resultados efectivos.

Del dicho al hecho

“Lo fundamental es hacer foco en lo importante y no en lo accesorio: lo importante es que el Estado, bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou y bajo la gestión del ministro Javier García se comprometió a un proceso con una enorme opacidad, donde faltan muchas explicaciones. Luego está la cuestión de la garantía, una cuestión accesoria que le permite al Estado uruguayo cobrar en caso de incumplimientos que vienen sucediendo desde el principio”, consideró como punta de partida el analista político Mauro Casa.

En diálogo con Ámbito, señaló que el caso Cardama es un “hecho de corte administrativo con serios vicios y problemas”, pero que “será la Justicia la que determine en qué sentido eso se configura como delito”. “Cualquiera que siga el proceso desde un punto de vista de las buenas prácticas de la administración pública se puede dar cuenta de que fue un proceso muy turbio”, sostuvo, apuntando a las garantías “truchas” presentadas como “un notorio fraude contra el Estado”.

Para el politólogo, el gobierno de Orsi está acusando recibo de una “situación terriblemente irregular” —con una comunicación “confusa” que, en las últimas semanas, se esclareció un poco más— y “confía en que va a poder sostener la decisión de rescindir el contrato con un respaldo judicial”. Pero lo que suceda en la comisión investigadora irá por un “carril paralelo”.

“Fuegos de artificio”

“La comisión me parece un hecho político que solamente son fuegos de artificio, nada relevante va a salir de esa comisión”, sentenció Casa. A modo de explicación de su declaración, señaló que la política uruguaya atraviesa “un momento de enfrentamiento y de polarización discursiva muy grande, donde todo el Frente Amplio va a respaldar lo actuado por el gobierno, y la coalición —o los partidos que la integraban— van a respaldar lo actuado por Lacalle Pou y García”.

“No va a haber espacio para que realmente se investigue, para que haya una apertura al diálogo que permita saber qué pasó efectivamente, qué errores se cometieron, quién es responsable y cómo se puede subsanar”, consideró, y agregó que “no va a existir la madurez política para tener ese tipo de diálogo”, como ya se pudo ver en ocasiones previas.

Según el analista político, la táctica de la oposición es que, ante la opinión pública el caso “quede confuso y que la gente vea que se cometieron errores de los dos lados”: “Es la búsqueda desesperada de un empate catastrófico, donde se cometieron errores de gestión muy serios y muy perjudiciales para la administración pública uruguaya”, señaló.

Expectativas negativas

Para Casa, nada puede esperarse de la comisión investigadora: “Políticamente no va a pasar nada, es una pérdida de tiempo, de recursos del Estado y del foco y la atención del sistema político, que debería estar ocupándose de las cuestiones que hace a la vida política de la gente y dejar en manos de la Justicia lo que tiene que impedir la Justicia”, sostuvo, de forma determinante.

“En caso de que la Justicia resuelva a favor del Estado uruguayo, los blancos y en particular García y Lacalle Pou van a estar en una posición muy incómoda, porque salieron a defender a Cardama, una empresa extranjera, en contra de los intereses del Estado”, agregó.

De todos modos, en el plano político no habrá mucho movimiento. “No va a haber votos para un desafuero o para un juicio político ni nada que se le parezca y, en caso de que la Justicia falle en su contra, los blancos van a sostener que está politizada como lo han dicho cada vez que se los acusa y se los condena por casos de corrupción ”, sentenció Casa.