Las cuatro causas que mantienen altas las tasas del crédito al consumo, pese a la caída de la inflación

La consolidación del IPC por debajo del objetivo del Banco Central del Uruguay no tuvo el impacto esperado en el costo del financiamiento para las familias.

A diferencia del crédito corporativo, el financiamiento a las personas muestra una fuerte rigidez para acompañar la tendencia a la baja de la inflación y de la tasa de política monetaria del Banco Central del Uruguay.

Uruguay mantiene a la baja la inflación interanual, sin embargo, quien va a pedir un préstamo personal a una financiera o a los bancos tradicionales se encuentra con tasas que pueden superar el 50% o incluso el 80% anual.

¿Por qué el crédito al consumo no baja como la inflación? La respuesta no tiene una sola causa. Consultados por Ámbito, dos economistas aportaron sus lecturas sobre un problema que tiene múltiples capas y que está en el centro del debate sobre el proyecto de ley que busca proteger a los deudores de bajos recursos, actualmente en el Parlamento.

El primer diagnóstico en el que coinciden ambos economistas es el más estructural: las instituciones financieras que otorgan crédito al consumo operan con información muy precaria sobre sus clientes y eso tiene un costo que pagan todos.

Riesgos y tasas altas

El economista del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Agustín Iturralde, lo describe con claridad: "El crédito del consumo que se da a sola firma es mucho más riesgoso otorgarlo y eso hace que el precio, la tasa de interés, sea mucho más alta. Una dificultad clara es la poca información que cuentan las empresas financieras que lo brindan. Al no poder distinguir entre sus clientes, todo el crédito al consumo termina siendo muy costoso. Si tuvieran mejor información, como existe en otros países con sistemas de credit score, podrían discernir y a las personas que son buenos pagadores ofrecerles productos mucho más interesantes".

El economista con 37 años de carrera como técnico en el Banco Central del Uruguay (BCU) y exintendente de Regulación Financiera, José Licandro, profundizó en la mecánica del fenómeno del préstamo a sola firma y dijo: "Para el caso de este tipo de crédito, hay una suerte de modelo de negocio de las instituciones que optan por no invertir en mayor información para poder discriminar buenos y malos pagadores y cobran tasas muy altas. El drama está en que los buenos pagadores terminan pagando su deuda y la de los malos pagadores, ya que no se les diferencia".

La salida, según Licandro, no es sencilla pero hay una palanca posible: "Lo difícil es encontrar maneras de combatirlo dando incentivos a las instituciones para que busquen más y mejor información y logren discriminar a los buenos pagadores. Una manera podría ser reducir significativamente la tasa de usura en esos segmentos, de forma que las instituciones vean que si no mejoran sus modelos de scoring, el negocio se complica. Si eso fuera efectivo, los buenos pagadores se verían beneficiados con tasas menores y los otros, probablemente, verían dificultado el acceso al crédito. Pero hay que asumir que no todas las personas son sujeto de crédito dada su incapacidad de pago".

El peso de la dolarización: la plata está, pero en dólares

Licandro agrega una segunda explicación que no suele aparecer en el debate público: la estructura de los depósitos bancarios es un freno a la oferta de crédito en pesos. "La alta dolarización de depósitos tiene un rol porque limita la disponibilidad de fondos prestables en pesos. De hecho, la relación depósitos/créditos en moneda doméstica es cercana al 100%. Si aumentara la preferencia de los depósitos por el peso uruguayo, habría más fondos disponibles para prestar y eso debería ayudar a reducir las tasas de interés".

"La relación depósitos/créditos en dólares es de 2 a 1. Solo se presta la mitad de los dólares que se captan. La otra mitad se coloca en el exterior. Esto se llama desintermediación y se debe, precisamente, al alto grado de dolarización de depósitos", comentó Licandro.

Iturralde, en cambio, no ve ese vínculo con tanta claridad para el caso del crédito al consumo y señala que la brecha no pasa por la moneda, sino por el tipo de acreedor: "Cuando uno mira las tasas de interés en Uruguay del crédito hipotecario o del crédito empresarial, una empresa establecida con capital y garantías consigue crédito a muy buenas tasas. El crédito al consumo sigue otras variables. Ahí está la grieta: no entre pesos y dólares, sino entre crédito al consumo y crédito al capital".

¿Por qué no se presta en dólares?

Una pregunta lógica es por qué no se ofrece crédito al consumo en dólares, si esa es la moneda que abunda en los depósitos. Licandro lo responde con una referencia histórica que en Uruguay todavía pesa: "El problema con el crédito en dólares a personas y pequeñas empresas que ganan pesos es lo que fundió a los bancos en la crisis de principios de los 2000. El banco que le presta en dólares a personas que ganan en pesos está asumiendo un riesgo sistémico: si hay una catástrofe macro que hace subir el dólar de manera drástica, esas personas no van a poder pagar los dólares caros que debían con los pesos flacos que ganan luego de una gran devaluación y si eso le pasa a todo el mundo en el mismo momento, arrastra a la bancarrota a los bancos".

La regulación posterior a la crisis de 2002 incorporó esa lección. Hoy las instituciones que quieren prestar dólares a alguien que gana en pesos deben aplicar un ratio cuota/salario prácticamente el doble que para créditos en moneda nacional, o de lo contrario deben clasificar ese crédito como potencialmente problemático y hacer previsiones con capital propio.

El rol del BROU: poder de mercado y una cuenta que alguien paga

Licandro apunta a un factor adicional al problema: el Banco República (BROU) tiene un poder de mercado considerable en el segmento de crédito a personas y algunas ventajas regulatorias para cobrar por encima del resto y tiene incentivos para no bajar las tasas. "Cuando se mira el balance del BROU, sus principales ganancias vienen de este segmento y con esas financia en alguna medida no despreciable los créditos a empresas que no siempre dan ganancias. De hecho, tiene una tasa de morosidad en el sector productivo mayor que los demás. Entonces, el BROU podría bajar sus tasas de crédito al consumo si mejora la calidad crediticia al sector productivo, y con eso le pondría presión a la baja a las tasas del resto del sistema".

Es un diagnóstico que invierte la lógica habitual: para bajar las tasas que pagan los consumidores, habría que mejorar primero la calidad de los créditos que el BROU le da a las empresas.

El Banco República puede ser una solución al problema de las altas tasas crediticias.

La desdolarización cede lento, y eso tiene una lógica

La pregunta de fondo es si esto puede cambiar. Licandro es cautelosamente optimista pero realista sobre los tiempos: "La dolarización de depósitos va a ceder a medida que el país pueda ofrecer una moneda de calidad, baja inflación, estable y predecible. Uruguay está recorriendo ese camino, pero es lento". La alternativa de dolarizar completamente la economía, como Ecuador, tampoco es la solución mágica: "A Ecuador le ha ido bastante mal porque no ha tenido disciplina fiscal".

El cuadro que emerge de estas dos conversaciones es el de un mercado de crédito al consumo atrapado entre varios equilibrios negativos que se refuerzan mutuamente: poca información genera tasas altas, las tasas altas no incentivan invertir en mejor información, la dolarización de depósitos limita la oferta en pesos, y el banco público que podría presionar a la baja tiene sus propias razones para no hacerlo.

La idea que gira en el Parlamento

Aunque el BCU ya aplica límites de usura diferenciados según el tipo de préstamo, por ejemplo, distinguiendo créditos con y sin retención de haberes, la intención del gobierno es avanzar hacia una segmentación más profunda basada en información positiva de pago y sistemas de scoring más sofisticados.

La discusión ganó fuerza además en paralelo al proyecto de ley sobre deudores que se analiza en el Parlamento. Dentro del oficialismo comenzó a tomar forma una alternativa distinta a la fijación de topes generales a las tasas de interés: en vez de imponer un techo uniforme por ley, la idea es generar incentivos regulatorios para que las financieras premien efectivamente al buen pagador y mejoren la evaluación de riesgo de cada cliente.

La preocupación del gobierno es que una baja agresiva y uniforme de las tasas máximas como plantean algunos proyectos parlamentarios termine expulsando del mercado formal a las personas de mayor riesgo crediticio, empujándolas hacia prestamistas informales. Por eso, la apuesta oficial no pasa tanto por fijar tasas por decreto, sino por forzar al sistema a diferenciar mejor entre perfiles de riesgo y trasladar esa diferencia al costo final del crédito.