El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley para habilitar a Casmu para obtener un nuevo crédito por hasta 742.543.719 unidades indexadas mediante el Fondo de Garantía para Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, una cifra equivalente actualmente a casi 5.000 millones de pesos o unos 122 millones de dólares, con el objetivo de sostener la continuidad asistencial de una institución que cuenta con 171.000 afiliados.
La iniciativa también solicita autorización para extender por un período máximo de dos años la intervención dispuesta por el Ministerio de Salud Pública (MSP), que se desarrolla sin desplazamiento de las autoridades de la mutualista. El plazo vigente finalizará el próximo 29 de julio en caso de que no se apruebe una nueva prórroga.
El acceso al financiamiento quedará sujeto a la aprobación de los planes de reestructuración que correspondan. La institución solicitó formalmente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el acceso al nuevo monto el 17 de julio, mientras que el proyecto llegó al Parlamento pocos días antes del vencimiento de la intervención.
Casmu había sido intervenida en julio de 2024, durante la administración de Luis Lacalle Pou, en medio de las dificultades económicas y financieras atravesadas por la institución.
El antecedente del crédito otorgado en 2024
La última autorización para utilizar el Fondo de Garantía había sido concedida en agosto de 2024 por un máximo de aproximadamente 54 millones de dólares. En aquella oportunidad, los recursos tenían como finalidad avanzar en la reestructuración de las deudas de la mutualista.
La intervención fue prorrogada por última vez en julio de 2025, con vencimiento fijado para el 29 de julio de 2026. En tanto, el nuevo Directorio de Casmu asumió sus funciones en octubre de 2025.
Desde ese momento, la institución implementó medidas de ahorro y modificaciones destinadas a mejorar la gestión. Sin embargo, el proyecto reconoce que el elevado peso de los intereses continúa superando el efecto positivo alcanzado hasta ahora por esas acciones.
La iniciativa fue firmada por el presidente Yamandú Orsi, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.
El proyecto permite además que Casmu pueda ser eximida temporalmente y de manera excepcional de presentar garantías reales o de otra naturaleza para obtener el crédito. Una vez que se liberen las garantías constituidas previamente a favor del Fondo, estas pasarán automáticamente a respaldar el nuevo financiamiento.
Nuevas exigencias para las instituciones de salud
La propuesta también introduce cambios en la ley de 2008 que creó el Fondo de Garantía para las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC). Entre las modificaciones, se establece que las entidades beneficiarias deberán incorporar programas de reestructuración que contemplen su situación económica y financiera, los aspectos administrativos y funcionales y la gobernanza institucional.
Las características específicas de esos programas serán definidas posteriormente mediante la correspondiente reglamentación.
Otro de los cambios alcanza al proceso de designación de autoridades en las instituciones que hayan recibido garantías y las mantengan vigentes. En esos casos, deberán someter a la aprobación previa del MSP y del MEF la elección de los integrantes de los Consejos Directivos u órganos equivalentes.
La misma exigencia se aplicará a puestos como la Gerencia General y la Dirección Técnica, entre otros cargos relevantes dentro de las instituciones.
La evaluación previa tendrá en cuenta la idoneidad y la experiencia de las personas propuestas, así como la inexistencia de inhabilitaciones o de eventuales conflictos de interés. También podrán considerarse otros requisitos que sean incorporados en la futura reglamentación.
De aprobarse el proyecto, estas nuevas condiciones comenzarán a regir para las instituciones que accedan a nuevos fideicomisos a partir del 31 de julio de 2026.