Uruguay se diferencia de América Latina: el capital privado lidera la inversión climática

Cerca del 75% de los recursos destinados a la acción climática en el país proviene del sector privado, mientras que en buena parte de la región predomina el financiamiento público.

La inversión climática en Uruguay corresponde a 75% capitales privados. 

Uruguay se diferencia de buena parte de América Latina por el protagonismo del sector privado en el financiamiento climático, que aportó cerca del 75% de los recursos movilizados en el país entre 2020 y 2024, según datos difundidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); el contraste es especialmente marcado frente al resto de Sudamérica, excluido Brasil, donde el sector público concentró el 62% de las inversiones climáticas en el promedio de 2023 y 2024.

El peso del capital privado en Uruguay también se refleja en el destino de los recursos. Energía y construcción concentraron el 68% del financiamiento climático nacional, dos sectores que tienen un papel central en la transformación de la economía hacia actividades con menores emisiones. Sin embargo, el relevamiento difundido por el PNUD no permite establecer cuánto dinero se invirtió en términos absolutos ni qué monto correspondió a cada sector.

El panorama regional muestra que conseguir financiamiento sigue siendo uno de los principales desafíos de la transición verde. Según un informe de Climate Policy Initiative (CPI), América Latina y el Caribe duplicó los recursos movilizados entre 2020 y 2024, al pasar de 54.000 millones a 108.000 millones de dólares. No obstante, el crecimiento esconde una fuerte concentración: Brasil reúne el 58% del total, mientras que el resto de los países enfrenta mayores dificultades para atraer inversiones.

El financiamiento privado gana terreno, pero no en toda la región

La participación del Estado y las empresas cambia considerablemente según el país. En Brasil, el 66% del financiamiento climático proviene del sector privado, una proporción que alcanza el 60% en México. En cambio, el sector público aporta el 77% de los recursos en Centroamérica, excluido México, y el 75% en el Caribe.

Estas diferencias fueron parte de la discusión durante el encuentro internacional Transiciones Verdes: de las oportunidades a la implementación, organizado por Fundar y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Buenos Aires. Allí, Juliana Salles Almeida, especialista principal en cambio climático del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), puso el foco en la necesidad de ampliar las fuentes de inversión. "No era, no es y no será suficiente lo que ponga el sector público", advirtió.

Para Almeida, atraer capital privado requiere algo más que identificar proyectos rentables. También es necesario ofrecer previsibilidad a quienes deben comprometer recursos durante décadas. "La transición no se hace con 4 años o 5 años, ni siquiera con dos mandatos consecutivos de un gobierno", señaló, en referencia a la importancia de sostener las políticas más allá de los cambios de administración.

La discusión, sin embargo, no se limita a conseguir que las empresas inviertan más. También pasa por definir qué proyectos se financian, quién asume los riesgos y cómo se distribuyen los beneficios de la transformación productiva.

El papel del Estado y los bancos de desarrollo

Desde otra perspectiva, Cecilia Nicolini, politóloga, exsecretaria de Cambio Climático de Argentina y parlamentaria del Mercosur, planteó que el sector privado no puede resolver por sí solo las necesidades de financiamiento de la región. "Si no hay una intervención de los bancos multilaterales para bajar el riesgo, para traer garantías, para impulsar préstamos concesionales, nuevos mecanismos y demás, va a ser muy difícil", sostuvo.

Nicolini también puso sobre la mesa la necesidad de discutir la justicia tributaria y la orientación de los recursos públicos, especialmente los subsidios destinados a actividades contaminantes. Su planteo apunta a que los Estados no solo busquen nuevas fuentes de financiamiento, sino que revisen cómo utilizan los fondos que ya tienen disponibles.

A nivel local, esa discusión forma parte de los objetivos del proyecto Finanzas Climáticas en Uruguay (FIC), que busca fortalecer las capacidades del país para movilizar inversiones públicas y privadas y desarrollar instrumentos financieros vinculados a sus compromisos ambientales.

Aunque el país muestra una participación privada superior a la de buena parte de sus vecinos, el desafío no pasa únicamente por mantener ese flujo de recursos. También implica ampliar las inversiones hacia otros sectores y asegurar que el financiamiento acompañe las necesidades de la transición productiva, más allá de las actividades que hoy concentran la mayor parte del capital.