Claro presentó un recurso legal contra el gobierno por la renovación del 4G

La empresa de telefonía móvil considera que el precio de renovación de sus frecuencias del espectro radioeléctrico es elevado e injustificado.

El gobierno de Uruguay confirmó que se licitarán tres bloques de espectro en la banda de 3.5 GHz 

La unidad Claro de América Móvil en Uruguay expresó quejas por los precios que el gobierno estableció para que las compañías de telefonía celular mantengan por veinte años más sus frecuencias de espectro radioeléctrico, y presentó un recurso legal en tanto considera que las exigencias estatales no se corresponden con la realidad del mercado local.

Para la empresa de telecomunicaciones mexicana, las contraprestaciones económicas impuestas por el gobierno uruguayo no son justas por varias razones. En primer lugar, considera que no puede cobrar el mismo valor para dos bandas radioeléctricas de diferente naturaleza técnica para cobertura y transporte de datos —en este caso, se trata de las bandas de los 850 MHz y los 1900 MHz—, las cuales atravesará el proceso de renovación de concesiones a la brevedad.

Asimismo, Claro —la última empresa en relevancia dentro del sector de telefonía celular, por detrás de la empresa estatal Antel y Movistar— cuenta con 1 millón de accesos móviles (el 17% del mercado total uruguayo); y una cuota de mercado que también suma un teléfono móvil a la línea, así como del segmento de prepago, del 21%, con 588.023 clientes hasta julio del 2022.

La queja de la compañía en este sentido es que, en 2023, deberá pagar 18,12 millones de dólares al Estado para mantener sus frecuencias, el mismo monto que abonó veinte años atrás. Aquí está el problema: para Claro, la evolución significativa del mercado uruguayo en cuanto a hábitos de consumo —con 6,02 millones de accesos celulares en activo durante el primer semestre de 2022 y un crecimiento económico del 3,7% en el tercer trimestre del año— deberían reducirse las tarifas que se cobran por la posibilidad de seguir brindando el servicio en el país.

En esta línea, la empresa sostiene que los valores no están debidamente fundamentados y no se corresponden con los precios relativos de las bandas, por lo que han presentado un recurso legal y cuentan con 150 días para argumentar porqué el costo de comprar espectro y de operar una red celular con ese mismo insumo en el contexto actual no corresponde con el mercado de hace veinte años.

Cómo será la renovación de las concesiones

El Estado pretende renovar las concesiones sin pasar las frecuencias por un proceso de licitación, en tanto considera que las posibilidades de que aparezca un nuevo jugador de relevancia a competir por las mismas bandas a cualquiera de los tres operadores son prácticamente nulas; y porque “sacar” del mercado espectro radioeléctrico que ahora mismo está siendo explotado para atender a los 6 millones de accesos originaría una exposición a deficiencias en la prestación del servicio.

En este sentido, la idea es prorrogar las concesiones y dar un plazo de treinta días para que los operadores abonen las contraprestaciones a la hacienda.