El gobierno de Luis Lacalle Pou prepara la adjudicación, mediante vía administrativa y no por subasta, de dos bandas de espectro radioeléctrico de telefonía celular que vencen a mediados de diciembre, generando controversia en la oposición de izquierda que denuncia el intento de beneficiar con ello a la compañía Movistar.
Polémica: el gobierno uruguayo renovará vía administrativa los espectros de telefonía celular
El Frente Amplio y sectores de la coalición gobernante acusan al ejecutivo de Lacalle Pou de querer favorecer a Movistar.
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Quién logrará conectarse a las nuevas adjudicaciones
Durante la gestión de Lacalle Pou vencerá la asignación de los siguientes espectros radioeléctricos 2G y 3G, que habían sido concedidos a 20 años: 45MHz para Telefónica (Movistar), 30 para Antel y 30 para AM Wireless (Claro). Es precisamente el 11 de diciembre el vencimiento de dos bandas asignadas a Movistar por 5 MHz cada una.
Las adjudicaciones por vía administrativa son objetadas por el Frente Amplio (FA), con Pablo Siris a la cabeza como representante del directorio de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec). La observación no es sólo llevada a cabo por la oposición, ya que al interior de la coalición de gobierno preocupa la premisa de que Movistar resulte favorecida en detrimento de Antel.
El conflicto radica en que no existe una cláusula que determine qué sucederá al final de las licitaciones consumadas, asimismo se encuentran dificultades en la fijación de precios para las nuevas adjudicaciones.
Según técnicos de la Ursec, el espectro de 10 MHz debería fijarse en un valor de 4.283.300 dólares para 10 MHz (adquiridos en años anteriores en Uruguay por 6 millones de dólares). Asimismo, Antel había pagado 18 millones de dólares por 30 MHz, cuyo vencimiento está pautado para el primer día de julio de 2023, pero hoy cuestan 12.849.900 de dólares.
Si bien estos números no son definitivos y se espera que el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) se pronuncie en un decreto al respecto, la tendencia a la baja de los precios se explica a partir de una mejora en productividad y tecnologías disponibles.
El FA mostró disconformidad con la fijación de precios, en donde destacó la falta de organismos internacionales para la estimación, tales como la GSMA y la UIT que prevén normas y estándares esbozados especialmente para la renovación de licencias en América Latina.
Tanto la oposición como algunos núcleos del oficialismo ven un interés por parte del ejecutivo de inclinar la balanza y la proporción del mercado hacia determinadas empresas en detrimento de otras, para lo cual se señalan maniobras como: la portabilidad numérica, reducción de las tasas de interconexión y el intento de abrir las infraestructuras de Antel para terceros mediante LUC (Ley de urgente consideración).
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