El Estado uruguayo designó a la canadiense Meg Kinnear en el cuerpo arbitral, y el Banco Mundial iniciará el análisis formal del reclamo de la española AFAO.
Uruguay completó el tribunal arbitral por la demanda por Ruta 1 y el Ciadi comienza a analizar el caso.
Uruguay designó al último miembro del tribunal arbitral en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial (BM), y con ello el organismo podrá dar inicio al análisis formal de la demanda presentada por la empresa española AFAO, ante la revocación de la concesión de Ruta 1, ya hace más de 20 años.
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El Estado uruguayo designó a la canadiense Meg Kinnear, una reconocido especialista en litigios internacionales, como su representante en el cuerpo arbitral que llevará adelante la causa por la rescisión del contrato con el Consorcio Ruta 1 S.A. para la construcción, conservación y explotación del tramo de doble vía Montevideo–Libertad y la obra del puente sobre el río Santa Lucía, en 2005.
Esta incorporación completa el tribunal arbitral, que ya contaba con el alemán Stephan Schill, elegido por la empresa demandante Asesores Financieros Andalucía Occidental – Sociedad Gestora de Patrimonios (AFAO), y que será presidido por el chileno Felipe Bulnes Serrano. Asimismo, este paso implica que el proceso está en condiciones de avanzar y que el Ciadi comenzará a analizar formalmente el reclamo de la firma española.
La demanda de AFAO es una más que se sumó a la carpeta uruguaya: la empresa española presentó el arbitraje internacional en julio de 2025 por un total de 383 millones de dólares y lo anunció en su sitio web. Según la explicación pública brindada, el argumento detrás de la demanda es que, con la rescisión del contrato por la construcción de la Ruta 1 —adjudicado en 1998—, se violó el tratado bilateral de protección de inversiones suscrito entre Uruguay y España, en 1992.
La firma española, patrocinada por el estudio de abogados Dechamps International Law —y accionista mayoritaria en Bimper, dueña del 94,5% del Consorcio Ruta 1—, reclama una "supuesta expropiación" del contrato de concesión, rescindido antes del vencimiento por lo que el entonces gobierno de Tabaré Vázquez consideró como "graves incumplimientos" —entre ellos, retrasos en obras que debían finalizarse en 2003— y y observaciones de la Auditoría Interna de la Nación sobre la situación económico-financiera del concesionario y su situación ante la Dirección General Impositiva (DGI).
Ya sobre la base del acuerdo bilateral, AFAO había presentado en 2009 una "notificación de controversia" y reclamaba 272,7 millones de euros, al considerar que la rescisión ocurrió faltando un 3% de la obra y más de diez años de explotación, y que la misma había ocurrido en el marco de un "asedio fiscal y administrativo" y sin la indemnización correspondiente.
La firma española justifica los atrasos ante lo que señaló como una "ecuación económica rota" generada por la crisis de 2022, que alteró las condiciones originales del contrato al triplicar los costos en dólares y reducir a la tercera parte sus ingresos por peajes, principal fuente de financiamiento del proyecto.