El Poder Ejecutivo concedió una prórroga en la suspensión de arbitraje contra Uruguay a partir de un pedido de los accionistas de Montecom, luego de que el plazo venciera este lunes; la extensión corresponde a 90 días más.
El Poder Ejecutivo aceptó prorrogar la suspensión de arbitrajes de Montecon contra el Uruguay
El gobierno concedió 90 días más luego de que venciera el plazo este lunes, luego de que las compañías solicitaran una prórroga adicional.
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El gobierno cedió prorrogar la suspensión de arbitrajes por 90 días.
Según informó Presidencia, el plazo venció este lunes 12 de enero y el Poder Ejecutivo aceptó la solicitud de extensión realizada por Neltume Ports y ATCO por un plazo de 90 días. "El gobierno reafirma su compromiso con la seguridad jurídica y la transparencia, y con la búsqueda de soluciones responsables que resguarden los intereses y los recursos de los uruguayos”, asegura el comunicado oficial.
La denuncia presentada por los accionistas de Montecon ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en 2024 es uno de los juicios internacionales que el gobierno de Yamandú Orsi. El motivo de dicha denuncia fue la concesión por 80 años que la gestión de Luis Lacalle Pou le otorgó a Katoen-Natie para operar TCP.
El Ciadi aceptó llevar a cabo la demanda de Montecon contra el Estado uruguayo ya en mayo de 2024 en relación con el contrato firmado en 2021, en el que el gobierno de Lacalle Pou extendió la concesión por 80 años a TCP, cuyo socio mayoritario (80%) es Katoen-Natie —mientras que el otro 20% pertenece a la Administración Nacional de Puertos (ANP).
En el marco de ese litigio, la empresa chilena Neltume Ports, propietaria de Montecon y cuyos accionistas son de la chilena Ultramar y la canadiense Atco, solicitó un resarcimiento de 600 millones de dólares de parte de Uruguay en concepto de “pérdidas y daños”, al considerar que existieron “prácticas anticompetitivas” en el Puerto de Montevideo, a raíz del acuerdo en cuestión. La cifra resulta de una estimación del perjuicio en su contra por la operativa en la terminal portuaria desde la extensión del contrato en favor de TCP.
Los accionistas sostienen que el Estado uruguayo "violó los tratados de protección de inversiones suscritos con Chile y Canadá".
Asimismo, desde Montecon consideraron en una denuncia donde Defensa de la Competencia falló a favor del Ejecutivo que “la participación de la ANP como socia de TCP ha sido determinante para que el Estado tomara medidas de privilegio a favor de esta compañía, cuando las leyes le exigían trabajar en régimen de libre competencia con los demás operadores portuarios"; y apuntaron que "el Estado es juez y parte”.
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