Conflicto de Boreal: el accionista canadiense denunció por estafa a la parte uruguaya

El mercado de cannabis medicinal en Uruguay no avanzó al punto esperado tras su regulación.

Casi medio año después de que la empresa de cannabis medicinal más grande de América Latina, Boreal, cerrara de forma desprolija, los trabajadores despedidos continúan en una disputa legal para cobrar sus indemnizaciones, a la que se sumó ahora una denuncia por estafa del accionista mayoritario de la empresa al director de la compañía en Uruguay.

Cuando Boreal abrió sus puertas en setiembre del 2020, con casi 5.000 metros cuadrados y una capacidad de producción de 20 toneladas de cáñamo medicinal por día, no solo generó ilusiones al departamento de Salto, donde se emplazó, sino a todo el país. Sin embargo, tres años después, es apenas un gran problema.

Al conflicto laboral que se abrió tras el cierre —en medio de un mal momento para la industria del cannabis medicinal, y a partir del cual 40 trabajadores que fueron despedidos de manera irregular y reclaman el cobro de sus correspondientes subsidios por despido en la Justicia—, ahora se le sumó una denuncia por estafa al director de la compañía en Uruguay. El denunciante es el accionista mayoritario, de origen canadiense.

"Se hizo la planta, se hizo una inversión millonaria, pero nunca funcionó. Las ganancias nunca se obtuvieron. Era un gran humo. Por lo que surge del expediente se trató de un gran fraude. Se instaló un proyecto de inversión, se vendió a los socios y el resultado económico que se esperaba era ilusorio, era falso", resumió Pablo Perna, abogado que representa a los trabajadores.

El caso está en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Gilberto Rodríguez.

Sigue el conflicto con los trabajadores

Mientras la Fiscalía investiga la denuncia por estafa, los trabajadores siguen reclamando que “hasta hoy no cobraron un peso de indemnización” por sus despidos. Según el abogado Perna, alrededor de 100 personas han "ingresado y sido cesados de forma progresiva" en los últimos meses.

"La empresa hoy está concursada y tiene un patrimonio de 10 millones de dólares. Su pasivo es mucho menor. Existiría disponibilidad, pero hasta la fecha no han abonado un peso de la liquidación. Estamos a la espera en el mes de febrero que se va a concretar la junta de acreedores. Ahí se va a resolver si hay algún interesado para que la empresa continúe funcionando o se vende en bloques, por partes", indicó Perna.

De todos modos, el abogado eximió de responsabilidad al Estado por el fraude de Boreal: "El Estado no puede inmiscuirse dentro de la interna de cada empresa. Es un proyecto que no salió. Hay denuncias cruzadas y el que paga las consecuencia son los trabajadores sin trabajo, sin ampliación de seguro de desempleo, por la ilusión de una inversión que no se concretó".