La estabilidad institucional uruguaya y la necesidad local de abrirse comercialmente al mundo pueden jugar a favor del ingreso en curso al Cptpp.
Costa Rica le dice que no al Acuerdo Transpacífico y podría abrirse un nuevo escenario para Uruguay.
La reciente decisión de Costa Rica de archivar el protocolo de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp), también conocido como Acuerdo Transpacífico, modificó el escenario que tiene por delante Uruguay, con la posibilidad de que el país se convierta en el 13° integrante del bloque comercial.
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Si hay algo que parece estar quedando en evidencia durante los últimos meses es que, a contramano de lo que necesita Uruguay —para lo cual está realizando cuantiosos esfuerzos en política y comercio exterior—, el mundo se está cerrando. El caso de Costa Rica, un país históricamente abierto a la integración y la globalización —nada más ni nada menos que miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —, se convierte así en otro factor que sacude el tablero internacional y pone la lupa en procesos de negociación demasiado largos, los vaivenes internos en los gobiernos nacionales y las múltiples presiones tanto internas como externas sobre las decisiones.
En ese sentido, Uruguay no está exento de la coyuntura, pero el devenir costarricense puede convertirse tanto en un espejo en el cual mirarse —para aprender de los errores o desafíos— como en un punto de inflexión que abra oportunidades para el país en materia de su inserción internacional.
Si bien, por un lado, el freno de Costa Rica —decisión de la presidenta Laura Fernández tras una serie de acontecimientos internos, incluso cuando la adhesión al Cptpp era parte de su plan de gobierno al asumir el pasado 8 de mayo— puede suponer algunos obstáculos o dilataciones para Uruguay —como, por ejemplo, que los países miembro busquen tener todavía más recaudos antes de cerrar el protocolo de adhesión—, lo cierto es que la mayoría de los escenarios posibles para el país tiene algún condimento de ventaja.
Al respecto, en un contexto en el que las largas negociaciones internacionales tienden a colisionar con la fragilidad de los Poderes Ejecutivos nacionales, donde la alternancia partidaria supone, cada vez más, la ruptura de la continuidad política; la estabilidad institucional uruguaya vuelve a ser la mejor carta que tiene en su mano el país. El principal ejemplo de ello es que la solicitud de adhesión al Acuerdo Transpacífico fue presentada en 2022, por el gobierno de Luis Lacalle Pou, y que la actual administración frenteamplista continúa el proceso de negociación como una política de Estado.
En paralelo, la real necesidad local de ganar nuevos mercados en el mundo —muy importante si se tiene en cuenta que el Cptpp representa el 15% del PIB mundial, y que reúne a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam— aporta un interés específico mayor frente a los países miembro del grupo económico, algunos de los cuales ya apoyan abiertamente la incoración uruguaya; y las diferentes adecuaciones normativas que ya se llevan a cabo a nivel local —en el marco del posible ingreso a la OCDE y del acuerdo entre el Mercosur-UE— pueden acelerar las discusiones que, por ahora, podrían concluirse recién en mayo del año próximo.
En contrapartida, las diferentes presiones tanto internas como externas pueden convertirse en condicionantes también para Uruguay. Como ocurrió en Costa Rica —donde los sectores agrícolas y, principalmente, el lechero, se convieron en un bastión central de la oposición al Cptpp—, en el plano local son los sindicatos industriales los que rechazan la adhesión el bloque comercial en los términos actuales. Si bien el escenario uruguayo cuenta con cierta postura común a nivel político entre oficialismo y oposición, la movilización gremial podría sumar dificultades.
Sin embargo, es a nivel regional donde pueden presentarse los mayores desafíos: con la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y la certeza de que seguirá siendo una figura de peso dentro del Mercosur por algunos años más, la intención uruguaya de flexibilizar el bloque y negociar por fuera con mayor libertad puede verse, en principio, dificultada. Además, su relación cada vez en peores términos con el presidente argentino Javier Milei —que también presentó recientemente la solicitud de ingreso al Acuerdo Transpacífico— puede sumar un elemento en contra de las intenciones locales. El cómo equilibre el gobierno del Frente Amplio (FA) su cercanía con Lula y los intereses nacionales será clave en este aspecto.
Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿pueden acelerarse los plazos para que Uruguay ingrese de manera efectiva al Acuerdo Transpacífico? Lo cierto es que, más allá de las ventajas que tiene el país, no parece que vaya a cambiar algo en este sentido. Los tiempos de negociación internacionales ya han demostrado en incontables ocasiones ser extensos y las reuniones del grupo de trabajo para la adhesión uruguaya comenzaron recién en mayo. Todo parece indicar que, por delante, queda un largo camino.
De todos modos, la situación con Costa Rica puede hacer destacar todavía más las ventajas locales y evitar así eventuales problemas o diferencias que puedan presentarse en el proceso de elaboración del protocolo de adhesión.