El banco suizo UBS registró que Uruguay tuvo 356 nuevos millonarios en 2025, lo que amplió la cantidad de personas con una fortuna neta superior a 1 millón de dólares hasta 17.923, en un contexto de poco margen para el gasto que pone la mira tributaria sobre las grandes riquezas del país.
En su última edición del Informe Global sobre la Riqueza, UBS señaló que, en Uruguay, la cantidad de ricos se amplió en 356, teniendo en cuenta a aquellas personas cuya fortuna neta supera el millón de dólares. Esta cifra se trata de un aumento del 2% respecto del 2024, y llevó el total estimado de millonarios en el país a 17.923.
Brasil, por su parte, es el país de América Latina con más ricos, y sumó al menos 9.000 nuevos millonarios el año pasado, para alcanzar los 386.000. Sin embargo, Uruguay lo supera en promedio per cápita, ya que el porcentaje de millonarios en relación con la cantidad de habitantes totales es de 0,51% de la población; mientras que, en el país vecino, es del 0,18%. Esto tiene que ver, también, con que la riqueza promedio local por adulto es de 90.936 dólares, "uno de los niveles más altos" entre las economía de la región.
El cálculo del banco suizo, según consignó Búsqueda, parte de una definición de la riqueza como la suma de los activos financieros y no financieros, menos las deudas de los hogares; y las estimaciones se realizan con información de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Naciones Unidas (ONU), bancos centrales e institutos nacionales de estadística.
Los dueños de los millones, en la mira tributaria
El dato sobre la cantidad de millonarios en Uruguay no es inocuo, sobre todo en un contexto en que el debate público apunta contra quienes poseen las mayores riquezas como una fuente de ingreso ante el poco margen de gasto por la situación fiscal. En ese sentido, ya hace más de un año que el PIT-CNT insiste con la implementación del llamado "impuesto al 1%" —un tributo al 1% más rico por el equivalente al 1% de sus patrimonios— con el objetivo de financiar políticas orietandas a la reducción y erradicación de la pobreza infantil.
Esta propuesta fue recogida recientemente por el Frente Amplio (FA) que, en su Congreso Nacional, aprobó la resolución de debatir la posibilidad a nivel político, incluso cuando desde el gobierno no se han expresado en acuerdo a la incorporación de un nuevo gravamen. De todos modos, la fuerza política sigue considerándolo apenas como “un aporte relevante al debate sobre justicia tributaria”.
En el plano oficial, la Dirección General Impositiva (DGI) tiene resuelto avanzar en el control de los pagos de las personas físicas con niveles de riqueza considerables, dentro de su Plan de Gestión del Cumplimiento Tributario. Dentro del mismo, delimita un segmento de “individuos de alto patrimonio” que abarca a unas 3.000 personas con “elevada capacidad económica que, en muchos casos, operan mediante estructuras societarias, financieras o patrimoniales sofisticadas”; y apunta a “mitigar la subdeclaración de rentas y patrimonio, detectando” la “verdadera capacidad contributiva” de estas personas en impuestos.