El agro estima una pérdida de u$s 1.000 millones por la sequía y reclama bajar las regulaciones

Desde la Asociación Rural del Uruguay alertan por los efectos en las cosechas, sobre todo de soja y maíz, y plantean corregir desbalances que afectan la competitividad.

El agro estima una pérdida de u$s 1.000 millones por la sequía y reclama bajar las regulaciones.

Foto: Intendencia de Maldonado

El impacto de la sequía se perfila con pérdidas cercanas a los 1.000 millones de dólares, principalmente por la caída en la producción de soja y maíz, lo que no solo afectará el ingreso de divisas sino también el dinamismo de la economía, mientras crecen los cuestionamientos del sector rural a las regulaciones.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, aseguró que el sector atraviesa un momento complejo, donde la sequía vuelve a golpear con fuerza y evidencia el efecto climático en un sistema vulnerable. De acuerdo con Ferber, las pérdidas estimadas responden fundamentalmente a la merma en los rendimientos de los cultivos de verano, especialmente soja y maíz, dos pilares de la canasta exportadora. Esta caída no solo impacta en los productores, sino también en toda la cadena asociada, desde el transporte hasta los servicios vinculados al agro.

En paralelo, el dirigente destacó que el vínculo con el gobierno atraviesa una etapa de mayor apertura al diálogo. “Hoy no estamos en una situación de tener que tirar piedras para ser escuchados”, afirmó en una entrevista con Punto de Encuentro, diferenciando el momento actual de otros períodos de mayor tensión entre el campo y las autoridades.

Sin embargo, uno de los principales reclamos del sector sigue siendo el nivel de regulaciones. “Uruguay está muy pasado de regulaciones”, advirtió Ferber, al tiempo que planteó la necesidad de corregir estos desbalances antes de que sea necesario aplicar medidas más drásticas que afecten la competitividad del país.

Críticas a Colonización y el proyecto Casupá

Las críticas también se extendieron al funcionamiento del Instituto Nacional de Colonización. Aseguró que el organismo "no puede manejar 600.000 hectáreas y adquirió otras 5.000 con la estancia María Dolores". Además remarcó problemas en la asignación de tierras, donde aún quedarían 4.000 hectáreas sin adjudicar tras su compra.

Ferber sostuvo que si no se ordena rápidamente el sistema, “va a haber que amputar”. En este sentido, mencionó lo que tuvo que hacer Argentina que “en vez de operar con bisturí, tuvo que usar motosierra”, algo que el país todavía puede evitar según su opinión.

Por último, el dirigente cuestionó cómo se elaboró el proyecto Casupá, al señalar que no se contempló adecuadamente la dimensión productiva. Los efectos son "mucho más negativos" de los que contemplaron desde el gobierno, "tomaron decisiones sin contar con todos los datos".