El gobierno impulsa una reforma de las compras públicas para descentralizar el gasto y fortalecer a las empresas nacionales

El Ejecutivo apuesta a fortalecer a los proveedores nacionales y anunció una inversión de u$s 2,6 millones para modernizar el sistema estatal.

El gobierno presentó una reforma en el sistema de compras públicas. 

El gobierno busca transformar el sistema de compras públicas para convertirlo en una herramienta de desarrollo económico, innovación y descentralización territorial, con el objetivo de ampliar la participación de pequeñas y medianas empresas, cooperativas y productores nacionales en las contrataciones del Estado, según planteó el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, durante la apertura de las VIII Jornadas Técnicas de Compras y Contrataciones Estatales, organizadas por la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE).

Durante el encuentro, realizado este martes en Montevideo, Sánchez destacó la necesidad de generar condiciones que permitan a los emprendimientos nacionales competir por las contrataciones estatales, evitando que las oportunidades se concentren en la capital y en las empresas de mayor tamaño. En ese sentido, sostuvo que las compras públicas deben contribuir a una distribución más equilibrada de la actividad económica y del empleo.

"El gran desafío que tiene el país es generar un sistema de proveedores nacionales, de emprendedores nacionales que puedan participar y puedan competir, obviamente, en las mejores condiciones posibles", afirmó el jerarca, quien remarcó que el Estado debe procurar bienes y servicios de calidad al menor costo posible, sin perder de vista el impacto económico y social de sus adquisiciones.

Una inversión de u$s 2,6 millones para modernizar las compras estatales

Uno de los principales anuncios de la jornada estuvo a cargo de la directora de ARCE, Isis Burguez, quien confirmó que el pasado 5 de octubre comenzó la ejecución del proyecto de renovación integral de la plataforma de compras públicas, adjudicado por 2,6 millones de dólares y con un plazo previsto de 27 meses.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contempla el desarrollo de un nuevo sistema de compras, la actualización del catálogo de bienes y servicios, un portal web renovado, una tienda virtual y herramientas de evaluación electrónica de ofertas.

La jerarca explicó que inicialmente se habían destinado 1,5 millones de dólares para el nuevo sistema, pero fue necesario reorganizar los recursos disponibles para concretar la adjudicación del proyecto.

"En esta oportunidad es una reingeniería", sostuvo Burguez, al señalar que la modernización responde a la necesidad de sustituir herramientas informáticas que llevan más de dos décadas en funcionamiento.

En paralelo, la agencia culminó el desarrollo de los pliegos electrónicos y comenzará su implementación mediante experiencias piloto con distintos organismos públicos, con el propósito de avanzar hacia procedimientos más ágiles y digitalizados.

Más de 50.000 consultas y nuevos mecanismos para simplificar las contrataciones

Durante su balance de gestión, Burguez informó que ARCE atendió un total de 50.665 consultas en los últimos 18 meses, con datos cerrados al 30 de setiembre. De ese total, 41.310 correspondieron a proveedores y 9.355 a compradores públicos. En el mismo período, el organismo capacitó a 7.360 compradores y 540 proveedores, mientras que procesó 50.091 solicitudes de catalogación de bienes y servicios.

La agencia también avanzó en la implementación de convenios marco para la adquisición de neumáticos, productos de limpieza, ropa hospitalaria y productos lácteos, entre otros rubros. Asimismo, prepara nuevos procedimientos para la compra de luminarias, electrodomésticos, artículos eléctricos y alimentos, cuya publicación está prevista entre fines de 2026 y el primer trimestre de 2027.

En materia normativa, la directora destacó las modificaciones destinadas a simplificar los procedimientos administrativos, mediante la priorización de los convenios marco y otros mecanismos de agregación de demanda, así como la eliminación de determinadas exigencias de publicación e invitación a proveedores.

"Ahorramos en forma monetaria con respecto a precios, pero también ahorramos en cantidad de procedimientos. Estamos simplificando el quehacer de los compradores públicos", aseguró. De cara a 2027, ARCE trabaja en nuevas modificaciones normativas y convocó a los organismos estatales a presentar propuestas que permitan mejorar la eficiencia de las contrataciones.

El acuerdo Mercosur-Unión Europea plantea nuevos desafíos

Otro de los temas abordados durante las jornadas fue el impacto que podría tener el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea sobre el sistema de compras públicas. Sánchez consideró que el entendimiento representa una oportunidad para ampliar la inserción internacional de Uruguay, aunque advirtió que también plantea desafíos para las contrataciones estatales y la participación de los proveedores nacionales.

En ese marco, Burguez confirmó que ARCE trabaja junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el subcomité encargado de analizar las disposiciones sobre compras públicas incluidas en el acuerdo. El secretario de la Presidencia también vinculó la modernización del sistema con la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, a partir de una administración eficiente y transparente de los recursos públicos.

"El hecho de poder brindar buenos servicios, el hecho de administrar los recursos de la sociedad de manera eficiente, eficaz y transparente es un componente central de la legitimidad de nuestras democracias", expresó. Finalmente, Sánchez destacó la importancia de incorporar inteligencia artificial, innovación y nuevas tecnologías a la gestión estatal, junto con criterios de igualdad de género y desarrollo territorial.

Las VIII Jornadas Técnicas de Compras y Contrataciones Estatales continuarán este miércoles 28 de octubre, con actividades enfocadas en la modernización del sistema, la eficiencia del gasto y los desafíos que enfrenta el Estado en materia de contrataciones públicas.