26 de junio 2023 - 10:55

El camino de la reparación histórica a los detenidos desaparecidos de la dictadura

Desde el retorno a la democracia, todas las administraciones han impulsado, con mayor o menor intensidad, algún tipo de normativa.

La Marcha del Silencio se realiza todos los años desde el 20 de mayo de 1996.

La Marcha del Silencio se realiza todos los años desde el 20 de mayo de 1996.

Foto: AFP / Pablo Porciúncula

El 1° de marzo de 1985, tras la asunción presidencial de Julio María Sanguinetti, el Uruguay retomaba su vida democrática luego de casi 12 años de dictadura cívico-militar. En días donde gran parte de la sociedad intentaba dar vuelta la página hacia una mejor época, otros aún se encontraban sin obtener respuestas acerca del paradero de sus seres queridos detenidos desaparecidos en manos del Estado durante aquel período.

Aún durante este primer mandato de Sanguinetti (1985-1990), donde se tomaron las primeras medidas de reparación histórica, como una ley de amnistía para los presos políticos y la reincorporación de aquellos funcionarios públicos que habían sido destituidos por razones ideológicas, el escaso acceso a la información sobre el paradero y la cantidad de víctimas del terrorismo de Estado ya se avizoraba como un problema que permanecería en el tiempo.

La naturaleza de una transición democrática que fue en cierta medida "pactada" entre los partidos políticos y los altos mandos militares, así como la propia Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de 1986, harían más compleja la clarificación de este asunto en un contexto donde lo que se buscaba primeramente era la estabilidad a nivel político y social.

En diálogo con Ámbito.com, Mauro Mego, docente de Historia y expresidente de la Junta Departamental de Rocha por el Frente Amplio (FA), explicó que, desde el retorno a la democracia, la reparación en Uruguay no se ha dado de forma "integral", sino que se han establecido medidas de manera "fragmentaria" y "gradual" a lo largo de todas las administraciones de los distintos partidos políticos, con un especial énfasis sobre las víctimas a partir de la llegada al poder del FA en 2005.

Además de las medidas ya nombradas en el primer gobierno de Sanguinetti, durante el mandato presidencial de Luis Alberto Lacalle de Herrera (1990-1995) se aprobó en el año 1993 una ley reparatoria destinada al personal militar que fuera desvinculado de las Fuerzas Armadas "por motivos de índole política, ideológica o de mera arbitrariedad" entre 1973 y 1985, esto fue ampliado a través de otra ley en 2006, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez.

En el campo laboral, Mego recuerda que existieron un conjunto de normas vinculadas a los extrabajadores del Frigorífico Nacional (cerrado en 1978 tras 50 años de funcionamiento) y otros frigoríficos, siendo esta "una rama de la actividad económica tocada por las políticas de la dictadura", sostuvo.

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Centro de detención La Tablada.

Centro de detención La Tablada.

En esa línea, durante la presidencia de Jorge Batlle (2000-2005), en 2002 se estableció la Ley 17.449 que regula las "jubilaciones y pensiones para trabajadores de la actividad privada obligados a abandonar el país por razones políticas, ideológicas o gremiales", reconociendo a los años que duró la dictadura como "trabajados" a los efectos de jubilarse. Asimismo, la ley contempla a los que "hubieran estado detenidos durante dicho lapso por delitos políticos o militares conexos y los dirigentes sindicales que debieron permanecer en la clandestinidad".

Ese mismo año, se promulgó una ley similar (Ley 17.620), que contempla a los funcionarios docentes dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para "ejercer sus derechos ante el Banco de Previsión Social (BPS), a efectos de obtener la pasividad o de modificar su cédula jubilatoria", según dicta la norma.

Mego, señala que a partir de la primera administración del FA se generó un nuevo impulso en las políticas de reparación y un redireccionamiento hacia los detenidos desaparecidos. Luego de una secuencia de leyes aprobadas en los años 2009 y 2010, enfocadas principalmente en las víctimas de detenciones ilegales o torturas, se especificó su derecho a una reparación histórica, así como resarcimientos a los familiares de estos, y a su vez "se reguló el mecanismo de reparación económica en cada caso", añadió el docente.

"La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo hizo una recomendación a los poderes públicos del país para que las políticas de reparación tuvieran un carácter más integral", puesto que, si son examinadas, "todas atienden a una realidad particular", porque el avance a lo largo de los distintos gobiernos se dio "paso a paso", remarcó Mego.

¿Cómo fueron estas medidas a comparación de los países de la región?

Según Mego, la implementación de algunas medidas de reparación histórica en Uruguay fueron "algo tardías", pero esto está relacionado a que las sociedades tienen "sus propios tiempos y procesos", donde a veces es necesaria la "lejanía de los acontecimientos", ya que las sociedades necesitan de "cierta madurez".

No obstante, el docente encuentra "una similitud con distintas intensidades en torno al tiempo histórico" en que los gobiernos de Argentina, a partir de 2003, y Uruguay, a partir de 2005, "dan un giro en el tratamiento de la visión del pasado reciente y en particular de sus dictaduras militares".

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Militares durante un operativo de detención ilegal.

Militares durante un operativo de detención ilegal.

La visibilidad de los desaparecidos transitó "un camino contracultural"

"La mirada sobre los detenidos desaparecidos en Uruguay ha avanzado mucho en términos culturales, más allá de que ha tenido que transitar un camino contracultural", sostiene Mego, debido a que la visibilidad del reclamo se abrió un lugar entre una sociedad que no estaba convencida de volver la vista atrás.

La incomodidad de tratar el tema por parte de las dos inmediatas administraciones a la dictadura, las de Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle de Herrera, y la elección por mantener la Ley de Caducidad a través del referéndum de 1989, —una decisión nuevamente refrendada en 2009 bajo gobierno del FA— significaron un fuerte golpe para la izquierda, así como para otra parte del arco político y los colectivos de defensa de los derechos humanos.

No obstante, en los últimos años, la problemática que genera el desconocimiento del paradero de los detenidos desaparecidos ha pasado de ser un aspecto "subterráneo", hasta las primeras planas de los medios de comunicación y la opinión pública.

La formación de la Comisión para la Paz en el año 2000 durante el gobierno de Batlle sirvió como un preámbulo para tratar el tema de una forma más abierta durante las siguientes administraciones, donde el relato contracultural que pudieron forjar los colectivos de defensa de los derechos humanos "fue ganando cada vez más adeptos", como se observa año a año, desde 1996, en cada Marcha del Silencio.

Para Mego, hasta el gobierno de Batlle no hubo un real interés por mantener un diálogo sobre las víctimas y no fue hasta la llegada del FA en donde se lograron avances concretos sobre el paradero de estas personas, como el hallazgo de cuerpos en enterramientos clandestinos.

El profesor remarca que a pesar de las posiciones personales que el presidente Luis Lacalle Pou ha declarado públicamente acerca del tema, deslizando un desinterés por continuar con las búsquedas de restos óseos, "el peso cultural del tema, los hallazgos y la madurez de Uruguay" obligan al gobierno actual a posicionarse en un lugar en el que "no va a poder detener estos avances".

La cuestión de los desaparecidos es "un puzzle difícil de armar", afirma Mego, debido a "muchos de los protagonistas que aún viven se niegan a dar información y otros han muerto", dificultando las tareas de búsqueda de cuerpos, algo que le valió críticas incluso al propio FA por las altas expectativas que se habían generado alrededor del tema tras la llegada al poder.

El hecho de que el Ministerio de Defensa tuviera como titulares a funcionarios frenteamplistas a lo largo de 15 años, seguramente despertó reclamos por una mayor celeridad en el esclarecimiento de estos crímenes por parte de los colectivos. Urgencias que se intensificaron con el paso del tiempo y la muerte de algunos protagonistas de la época.

Algunas de estas críticas recayeron sobre el exintegrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), Eleuterio Fernández Huidobro, quien dijo que algunos integrantes de los colectivos, a los cuales llamó "minorías vociferantes", lo habían "insultado" y que más que solicitar mayores esfuerzos de búsqueda en filas de las Fuerzas Armadas, se debía ir a buscar información que permanecía callada por una gran cantidad de civiles que participaron de la dictadura.

El pasado 6 de junio, se encontró un cráneo con cal y otros restos óseos pertenecientes a una mujer enterrados el Batallón de Infantería Paracaidista N.º 14 en la localidad de Toledo, en Canelones. El hallazgo se produjo a partir de un trabajo de rutina de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y los restos serán analizados en la Argentina.

Las deudas pendientes del Estado uruguayo

Mego, señala que "la dictadura no fue solamente un régimen de terrorismo de Estado" sino que heredó algunos deterioros sociales "en muchos órdenes" que continúan resonando en la democracia actual, como "el proceso de marginalidad y de segregación social que se fue acrecentando en las últimas décadas".

"Hay un porcentaje altísimo de niños que nacen pobres en Uruguay", y esa "infantilización de la pobreza" es algo que desde la vuelta a la democracia se ha podido atender tan solo de manera parcial y siempre pendiente al rendimiento de la balanza comercial, sin tomar muchas veces las mejores decisiones frente a grandes entradas de divisas, indicó.

En otro orden, Mego comenta que también "existe una deuda pendiente en materia de derechos humanos", una discusión pendiente entre todos los partidos políticos y las Fuerzas Armadas, que "necesitan un saneamiento", y aún "les cuesta abrirse y dar vuelta la página".

"Sería muy saludable reconocer responsabilidades y dar la información que se tiene", al igual que el hecho de que todos los partidos políticos "puedan reconocer que la cuestión de los derechos humanos no se trata de una bandera de la izquierda, sino que hace a la sanidad de una democracia", añadió Mego.

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