Sobrecostos, presión fiscal y baja eficiencia del gasto: el diagnóstico del CED sobre el peso del Estado

El Centro de Estudios para el Desarrollo analizó el tamaño y el funcionamiento del sector público y su impacto en la economía uruguaya.

CED cuestionó el peso del Estado sobre la economía uruguaya.

Foto: Vecteezy

Con foco en el déficit estructural, la presión fiscal y el desempeño de áreas sensibles como educación y seguridad, el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) presentó la investigación “El peso del Estado en la economía uruguaya ”, un informe que plantea una crítica directa al tamaño y funcionamiento del sector público.

La exposición estuvo a cargo del economista jefe del CED, Ramiro Correa, en una actividad realizada en Piso 40 y acompañada por un panel integrado por el exministro Pablo da Silveira, el presidente del CED, Hernán Bonilla y el economista Aldo Lema.

Durante la presentación, Correa sostuvo que Uruguay mantiene desde 2005 una dinámica de gasto público que “supera sistemáticamente la recaudación”, generando un déficit fiscal de carácter estructural. Según detalló, el gasto anual del Estado ronda actualmente los 25.000 millones de dólres y se financia, principalmente, a través de impuestos aplicados al sector privado.

“El sector privado uruguayo ya soporta niveles de presión fiscal similares a los de la OCDE, el club de países desarrollados”, afirmó Correa. Sin embargo, remarcó que Uruguay “no tiene ni la productividad, ni los niveles de ingreso, ni la calidad de servicios públicos” de esas economías. “Sería erróneo decir que la solución es simplemente aumentar la presión tributaria e ir a esos valores para resolver el problema”, señaló.

Ramiro Correa apuntó contra la carga tributaria uruguaya.

Educación y seguridad: las “paradojas” del gasto público

Uno de los ejes centrales del informe fueron las diferencias entre el volumen de recursos asignados y los resultados obtenidos en áreas clave. En materia educativa, Correa indicó que Uruguay destina proporcionalmente más recursos que varios países desarrollados y que Chile, aunque los indicadores de culminación de educación media superior continúan rezagados.

“La tasa de culminación de educación media superior en Uruguay era de 41,4%, bastante por debajo del promedio de América Latina y muy lejos de los países desarrollados”, afirmó. El economista sostuvo que, incluso considerando el aumento del gasto por estudiante en los últimos años, “los resultados no acompañan”, lo que evidencia “un problema de eficiencia y calidad del gasto”.

La seguridad pública fue presentada como otra de las “paradojas” del modelo estatal uruguayo. Según Correa, Uruguay prioriza presupuestalmente esta área por encima de otros países de la región y de la propia OCDE, aunque mantiene tasas de homicidios superiores.

“Uruguay va primero, lastimosamente, en esta línea”, expresó en referencia a los indicadores comparativos de homicidios cada 100.000 habitantes.

Pablo da Silveira, Hernán Bonilla y Aldo Lema participaron del evento del CED.

Combustibles y competitividad

El informe también apuntó al rol de las empresas públicas y, particularmente, al impacto del precio de los combustibles sobre la competitividad. De acuerdo con el estudio, Uruguay registró durante 218 meses consecutivos precios del gasoil y la nafta superiores a los de otros países de la región, con una diferencia promedio del entorno del 40%.

“Producir en Uruguay implica pagar en promedio 40% más por combustible”, sostuvo Correa, quien atribuyó buena parte de esa brecha a la carga impositiva aplicada sobre los combustibles.

Según las estimaciones presentadas, ese diferencial habría significado un sobrecosto anual promedio de 678 millones de dólares durante los últimos 15 años.

El economista advirtió que esa situación afecta directamente la capacidad de atraer inversiones y proyectos productivos de gran escala, especialmente en sectores intensivos en energía y logística. “Uruguay no parece atractivo, a no ser que se operen subsidios o exoneraciones puntuales”, afirmó.

Más empleo público y salarios “desconectados” de la economía

Otro de los puntos destacados fue el crecimiento del empleo estatal. El informe señaló que entre 2005 y 2024 se incorporaron aproximadamente 70.000 nuevos vínculos laborales con el sector público.

Correa aclaró que no se trata únicamente de funcionarios presupuestados, sino también de contratos temporales y otras modalidades laborales. Aun así, sostuvo que Uruguay exhibe una proporción de empleo público superior a la de varios países de la región e incluso de algunas economías desarrolladas. “El sector público desconoce la lógica laboral del sector privado”, cuestionó.

Según explicó, mientras las empresas privadas ajustan empleo frente a aumentos salariales que superan la productividad, en el Estado “aumentan simultáneamente la cantidad de ocupados y los salarios reales”, independientemente del contexto económico.

El estudio también advirtió sobre distorsiones salariales dentro del propio aparato estatal. “La estructura salarial pública sobrepaga tareas elementales y subpaga perfiles más calificados”, sostuvo Correa y cerró: "Cuanto más Estado se reclame y más funciones se le asignen, la contrapartida tarde o temprano será aumento de impuestos o más endeudamiento”.