Las conclusiones de la comisión investigadora llevó a acusaciones judiciales entre oficialismo y oposición, ¿es un punto de inflexión en la relación?
El caso Cardama y las denuncias cruzadas ponen contra las cuerdas al sistema político uruguayo.
El caso Cardama parece estar a las puertas de un nuevo episodio tras los anuncios del oficialismo y la oposición de que avanzarán, cada parte por su cuenta, en denuncias penales cruzadas, ¿se trata de un punto de inflexión en el sistema político uruguayo?
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Las conclusiones de la comisión investigadora especial por Cardama, que abordó tanto el proceso de contratación del astillero español para la construcción de las patrullas oceánicas (OPV) por parte de la gestión previa como el recorrido que culminó con la rescisión del contrato en el actual gobierno, estuvieron muy lejos de ser unánimes. Si bien hay coincidencia en la existencia de “hechos de apariencia delictiva”, no hubo acuerdo en cuáles fueron, ni tampoco en quienes los llevaron a cabo: el oficialismo apunta a la Coalición Republicana (CR), mientras que ésta acusa al Frente Amplio (FA).
La disputa en el seno del sistema político, que no encontró una solución en el ámbito parlamentario, parece trasladarse ahora al plano judicial, con el FA aportando datos a Fiscalía —con el expresidente Luis Lacalle Pou identificado como el máximo responsable político— y la oposición presentando una denuncia penal contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo.
El caso Cardama viene siendo un asunto central en la política uruguaya desde prácticamente el comienzo del gobierno de Yamandú Orsi e, incluso, en la administración de la CR, cuando la compra de las patrullas oceánicas fue una de las banderas de gestión levantadas. En esto coinciden los politólogos Mauro Casa y Valeria Bonomi.
Más recientemente, uno de los elementos que da cuenta de la relevancia de la cuestión para la política es que “ha sido el único tema que llevó al expresidente Lacalle Pou a pronunciarse públicamente, a salir un poco de su ostracismo de la escena política ”, según explicó Casa en diálogo con Ámbito. “Es un tema que, evidentemente, para los nacionalistas es muy necesario para defender la gestión”, agregó.
Por su parte, Bonomi consideró que “lo de Cardama y las formas en las que se vienen haciendo públicos algunos detalles de cómo fue el negociado y demás es un hecho grave para el sistema político, porque en buena medida atenta contra la institucionalidad”. Con los últimos anuncios al respecto, el asunto parece tomar un cariz todavía más preocupante, aunque la discusión “no sale mucho del nicho”: “como otros casos donde se discute o denuncia corrupción, no impacta sobre la cotidianidad de las personas”, agregó.
En ese sentido, los politólogos también coincidieron en que las consecuencias no serán significativas. El analista político apuntó contra las leves penas y bajas condenas por delitos contra la administración pública —llamativo en “un país que ha hecho del endurecimiento de penas una bandera de todo el sistema político en las últimas décadas”—, que se suman a la dificultad de llegar a instancias decisivas en el plano judicial por estos temas; mientras que la licenciada en Ciencia Política relativizó el impacto electoral del caso, aunque insistió en la necesidad de investigar igualmente: “La credibilidad del sistema político se va un poco en cómo se resuelven casos como este, al fin y al cabo, no debería no tener consecuencias”.
Lo cierto es que, si bien la relación entre el oficialismo y la oposición está marcada en este período por una inusual confrontación —una situación que podría condensarse en, por ejemplo, la reciente negativa de la Coalición Republicana de votar el proyecto de Rendición de Cuentas en forma general, incluso antes del debate—, el caso Cardama se extendió como el escenario principal de esta disputa.
Para Bonomi, el episodio “viene siendo bastante tensionado”, sobre todo frente al nivel de convivencia y tolerancia política de Uruguay. Sin llegar a hablar de “polarización”, la politóloga reconoció que “los distanciamientos están siendo muy grandes”, lo que genera “un clima de hostilidad”. En ese marco, “la imagen de (Jorge) Díaz y otras figuras del Ministerio de Defensa parecieran ser las más comprometidas”, mientras que el buscar involucrar a Lacalle Pou “es una jugada arriesgada políticamente” por parte del gobierno.
En contrapartida, para Casa el embate opositor contra Lazo —que “no tiene ni pies ni cabeza”— se trata de la respuesta al anuncio frenteamplista, alineado igualmente con “un posicionamiento de defensa a ultranza de lo que fue el proceso de compra de las patrullas oceánicas y del accionar de Cardama”, sobre todo por parte del Partido Nacional (PN). “Aquellos que el día de mañana pueden volver a acceder al gobierno, tomar decisiones en esta materia, han demostrado un interés mucho más claro por defender lo actuado por ellos mismos, pero en particular por defender lo actuado por una empresa privada extranjera, que por cuidar o velar por que no se haya defraudado al Estado uruguayo en todo este proceso”, señaló.
“Eso es una paradoja bastante complicada y ha sido uno de los detonantes de que el clima político en Uruguay esté tan áspero, de que la relación en el Parlamento entre gobierno y oposición haya llegado a un punto muerto en el que prácticamente no hay posibilidad de negociación”, consideró el politólogo, que describió la actitud de los blancos como “una estrategia muy típica de las ultraderechas globales, de las nuevas derechas, de ensuciar y desprestigiar al adversario político para tapar, muchas veces, los defectos propios”. Por ello, la denuncia contra Lazo es “nada más que una jugada de intentar tener impacto político, de intentar convencer a la ciudadanía de que son todos iguales que obviamente le hace muy mal al sistema político en su conjunto”.