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13 de agosto 2026 - 15:00

El conflicto en el Puerto de Montevideo llega al Parlamento con la convocatoria de la oposición al MTOP y al MEF

Para la Coalición Republicana "hay abuso por parte del sindicato"; desde el oficialismo entienden que el llamado es "exagerado".

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El conflicto en el Puerto de Montevideo llega al Parlamento con la convocatoria de la oposición al MTOP y al MEF.

Foto: MIEM

La Coalición Republicana (CR) convocó a las autoridades de los ministerios de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y de Economía y Finanzas (MEF) para que den explicaciones sobre el conflicto en el Puerto de Montevideo que sigue generando bloqueos y demoras en la actividad de Terminal Cuenca del Plata (TPC), así como preocupación en los sectores exportadores.

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Legisladores de los partidos que integran la Coalición Republicana —el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI)— resolvieron convocar a las autoridades del gobierno a la Comisión de Industria integrada con la de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores, con la situación en la principal terminal portuaria de Uruguay como eje. Según explicó el senador blanco Rodrigo Blás, el de Montevideo "es un puerto hackeado que pone a un país en jaque", ante "un conflicto que no se termina" y "una pasividad del gobierno que mira cómo se destroza buena parte de la economía uruguaya sin tomar cartas correctas en el asunto".

"Están en juego nada más y nada menos que empleo, trabajo, credibilidad y la conectividad del país. Si se paraliza el puerto de este país, se paraliza la boca de salida y la boca de entrada, y es algo que a nosotros realmente nos preocupa", apuntó por su parte el senador colorado Robert Silva. "Hay uso y abuso por parte del sindicato que está condicionando al país entero, la conectividad, la credibilidad, el comercio exterior y el futuro del Uruguay", agregó como argumento detrás de la convocatoria.

La Coalición Republicana acusa al sindicato de "extorsión al Estado uruguayo"

Además de la lectura de Silva respecto del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) —que son quienes condicionar al país a través de las medidas de fuerza—, también la senadora del PN, Graciela Bianchi, apuntó contra el gremio, y aseguró éste les estaba "mintiendo en la comisión".

"Por ejemplo, por el tema de los 50.000 pesos que ponían como condición para sentarse a negociar, que en nuestra propia cara la comisión directiva del sindicato del puerto nos lo negó. Resulta que la empresa dijo que era así y al representante del gobierno, el señor (Jorge) Pozzi, le preguntamos si era cierto. Pusieron como condición para sentarse a negociar que había que poner 50.000 pesos arriba de la mesa para empezar la negociación. Esto es una extorsión al Estado uruguayo. A esto hay que ponerle fin", aseguró la legisladora, en referencia al reclamo de una suma fija junto al aumento significativo en la cantidad de jornales asegurados.

Ahora, el sindicato también reclama una reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, a raíz del antecedente en el sector de la construcción; algo que desde TCP no considera pertinente de negociar dentro de un convenio bipartito.

Para el oficialismo, "los senadores de la oposición siempre defienden a las patronales"

Un postura contraria fue la que adoptó el senador del Frente Amplio (FA), Gustavo González, quien apuntó contra las empresas portuarias por el conflicto, y cargó también contra los legisladores de la oposición, que "siempre defienden a las patronales".

"Entonces, hay un conflicto y el conflicto hay que respetarlo, y el derecho a huelga es derecho a huelga. Ahora, se dice que se perjudica. Sí, claro que se perjudica, pero también se perjudican los trabajadores cuando no se les da un salario como la gente", consideró.

"Esto es una ofensiva contra los trabajadores del puerto, que tienen una patronal como Katoen Natie y demás, realmente reaccionarias y que no quieren discutir nada. Yo estoy en contra de esto", agregó González, que reconoció querer que se resuelva el conflicto, pero insistió en "jamás" responsabilizar a los trabajadores por el mismo.

Por su parte, Pozzi, el representante del gobierno en el directorio de TCP —donde la empresa belga tiene el 80% de la concesión—, consideró "exagerado" el llamado de la CR a las autoridades del Poder Ejecutivo, incluso cuando "el Parlamento tiene derecho a preguntar sobre las cosas que están pasando, sobre todo en la industria sensible en el puerto".

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