Los nuevos paros en Terminal Cuenca del Plata (TPC) llevaron a que los exportadores reclamen, una vez más, acciones concretas para garantizar la operativa en el Puerto de Montevideo, partiendo del rol fundamental que cumple para Uruguay, un país "esencialmente agroexportador": desde cuantificación de daños hasta declaración de esencialidad, exigen a las autoridades tomar cartas en el asunto.
Exportadores reclaman acciones concretas para garantizar la operativa en el Puerto de Montevideo
La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay y las gremiales agroexportadoras afirmaron que la continuidad del puerto debe ser asunto de interés nacional y apuntan a la declaración de esencialidad.
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Exportadores reclaman acciones concretas para garantizar la operativa en el Puerto de Montevideo.
TCP, la principal terminal de contenedores del país, estuvo nuevamente paralizada durante el fin de semana y el lunes, a raíz de una nueva medida de fuerza del sindicato de trabajadores portuarios. Ante este nuevo episodio, las gremiales exportadores emitieron duros comunicados reclamando acciones concretas tanto por parte del gobierno como de la empresa que tiene la concesión mayoritaria del Puerto de Montevideo, Katoen Natie.
Un nuevo reclamo por la esencialidad del Puerto de Montevideo
El nuevo paro llevó a que un reclamo ya conocido volviera a hacerse eco entre los exportadores: la declaración de esencialidad de la actividad portuaria. Este fue el caso de la Federación Rural (FR), que compartió un comunicado en sus redes sociales, nucleando la postura también de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF).
En el texto, expresaron "profunda preocupación ante la persistencia del conflicto" en el puerto y recordar que Uruguay es un país "esencialmente agroexportador", por lo que su desarrollo depende en gran medida de la capacidad de colocar sus productos en los mercados internacionales. "La interrupción de la operativa portuaria genera atrasos, mayores costos, incumplimientos comerciales y afecta la competitividad y la confiabilidad del país como proveedor", advirtieron, de un modo que ya se ha vuelto habitual ante circunstancias similares.
Por este motivo, solicitaron al gobierno que "adopte las medidas necesarias para asegurar la operativa del Puerto de Montevideo, incluyendo la declaración de esencialidad cuando corresponda", apuntaron.
Cabe recordar que el Poder Ejecutivo ya ha descartado esta posibilidad en reclamos anteriores, considerando que es apenas un tipo de operativa —la de contenedores— la que se ve afectada por las medidas de fuerza; por lo que declarar la esencialidad en el puerto abarcaría a más actores de los estrictamente involucrados, complejizando innecesariamente el escenario.
La cámara pesquera también apunta contra Katoen Natie
Por su parte, en un comunicado también publicado en redes sociales, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) anunció que comenzó a reunir y cuantificar "evidencia sobre los daños sufridos por las empresas pesqueras" e inició consultas jurídicas sobre las actuaciones que puedan corresponder, ante el impacto que sufre la actividad con cada paro en el Puerto de Montevideo.
Según expresó la gremial, "las empresas usuarias no participan del conflicto ni pueden resolverlo, pero terminan absorbiendo todos sus perjuicios", los cuales no se limitan a las exportaciones, sino que también al ingreso de insumos médicos, repuestos y componentes indispensables para la producción y otras actividades económicas del país; y al empleo del sector.
"Existe una responsabilidad sindical por adoptar medidas desproporcionadas; una responsabilidad de TCP por no asegurar la continuidad del servicio ni responder por sus consecuencias; y una responsabilidad de las autoridades por no haber logrado generar aún condiciones de negociación que impidan que la operativa portuaria sea utilizada recurrentemente como instrumento de presión", afirmó la cámara, de modo contundente; y agregó que "resulta inadmisible la actitud pasiva de TCP, una empresa a la que el Estado ha confiado la prestación de un servicio público absolutamente relevante para la economía del país": "TCP no puede limitarse a comunicar la suspensión de la operativa, afirmar que procura una solución y trasladar luego la totalidad de los costos a sus clientes", insistió, responsabilizando también a la empresa belga.
Respecto de las medidas reclamadas, CIPU aseguró adherir a los planteos ya hechos por las principales organizaciones empresariales, pero consideró que "este nuevo episodio exige pasar de las advertencias a la determinación de responsabilidades concretas".
"La Cámara convoca a las organizaciones empresariales y empresas afectadas a construir un registro común de perjuicios; promover una evaluación técnica e independiente de su impacto sobre la producción, el empleo, las exportaciones, las importaciones y la generación de divisas; exigir a TCP un protocolo efectivo de continuidad operativa; y reclamar a la Administración Nacional de Puertos (ANP) y al Poder Ejecutivo que determinen responsabilidades y garanticen el funcionamiento de la terminal. Asimismo, CIPU propone evaluar intimaciones y acciones judiciales coordinadas contra la operadora y contra quienes eventualmente resulten responsables de los daños ocasionados", expresó la gremial, para la que "la continuidad del Puerto de Montevideo debe ser asumida como un asunto de interés nacional, esencial para el interés de todo el país".
