En una sesión marcada por la búsqueda de consensos para mejorar la cobrabilidad de los tributos departamentales, el Congreso de Intendentes aprobó este lunes por unanimidad un ambicioso proyecto de readecuación del sistema de multas.
El Congreso de Intendentes aprobó una quita del 50% en multas de tránsito para sanear la morosidad
El proyecto busca sanear el padrón de deudores del Sucive y facilitar la regularización de vehículos que permanecen en la informalidad por deudas acumuladas.
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Las infracciones por exceso de velocidad y alcohol no recibirán descuentos, manteniendo la rigurosidad en la política de seguridad vial.
La iniciativa, que ahora será remitida a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) para su instrumentación vía decreto del Poder Ejecutivo, apunta a reducir el stock de deuda de los contribuyentes y regularizar la situación del parque automotor nacional.
El núcleo de la medida establece una rebaja unificada del 50% en los valores de las multas para aquellos infractores que reconozcan la falta y opten por el pago contado antes del vencimiento de la primera cuota de la patente del año siguiente, vinculando directamente el cumplimiento de las normas de tránsito con la salud fiscal del Sistema Único de Ingresos Vehiculares (Sucive).
A pesar del beneficio generalizado, los intendentes marcaron una línea roja en materia de seguridad vial al excluir del descuento a las infracciones consideradas críticas o de alta peligrosidad. Esta decisión busca mantener el carácter disuasorio en conductas que ponen en riesgo la vida, evitando que el alivio tributario sea interpretado como una señal de laxitud en la fiscalización de las faltas más severas.
Exclusiones críticas y conducta vial
Las infracciones que mantendrán su valor pleno sin posibilidad de quita incluyen la conducción bajo efectos de alcohol o drogas, la negativa a realizarse el test, el exceso de velocidad por encima del doble del límite permitido y la participación en competencias vehiculares no autorizadas.
Tampoco podrán acceder al beneficio quienes cometan faltas de seguridad pasiva como el no uso de casco o cinturón de seguridad, el traslado de menores sin sistemas de retención infantil o la conducción sin el permiso habilitante. Desde la perspectiva de la administración pública, la medida responde a una necesidad de adecuar los valores de las multas a la capacidad de pago real de la población para evitar deudas perpetuas.
Nicolás Olivera, intendente de Paysandú y presidente del cuerpo, destacó la capacidad de acuerdo del organismo al señalar que este nuevo esfuerzo de adecuación es para que las multas sean pagables y la gente pueda cumplir efectivamente con sus obligaciones.
Para el análisis financiero, esta resolución representa un intento de las intendencias por limpiar sus balances de cuentas a cobrar que se habían vuelto incobrables, esperando un incremento en el flujo de caja de las comunas y una disminución de la informalidad en el parque automotor.