El déficit fiscal del Sector Público Global (SPG) se mantuvo en torno al 3,6% del Producto Interno Bruto (PBI) permaneciendo estable en febrero, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmando la persistencia de un cierto desequilibrio en lo referente a las cuentas públicas.
De acuerdo con el informe oficial del MEF, el desempeño fiscal estuvo condicionado por una estructura de egresos que continúa por encima de los ingresos. El SPG, que reúne al Gobierno Central, el Banco de Previsión Social, las empresas públicas y el Banco Central del Uruguay (BCU), volvió así a registrar un resultado negativo relevante.
El déficit del Gobierno Central (GC) y del Banco de Previsión Social (BPS) se ubicó en el entorno del 3,6% del PIB en los 12 meses. No obstante, al excluir el efecto de ingresos extraordinarios que rondaron el 0,4% vinculados al Fideicomiso de la Seguridad Social, la baja fiscal se aproxima al 4,0% del PIB.
En cuanto a los ingresos, el Gobierno Central y el BPS aumentaron su recaudación hasta el 27,8% del PIB, con una leve mejora frente a períodos anteriores, aunque insuficiente para compensar el aumento de los egresos, que se ubicaron en 28,8% del producto. El crecimiento del gasto no personal, las transferencias y algunos componentes de inversión continuaron presionando sobre el resultado fiscal.
Por su parte, el Sector Público No Monetario también mostró un resultado negativo, llegó a -2,3%, mientras que el Banco Central del Uruguay volvió a registrar pérdidas cercanas al 0,9% del PIB (un punto porcentual menos que en diciembre), asociadas principalmente a los costos de la política monetaria y al manejo de los pasivos remunerados.
Por último, el resultado de las Empresas Públicas fue superavitario en 0,2% del PIB, bajando 0,1% del PIB respecto al año móvil cerrado a enero.
El gasto público impulsó el déficit fiscal en 2025
De acuerdo al último monitor de coyuntura de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), el incremento del déficit fiscal en 2025 estuvo vinculado a un mayor gasto público, en parte asociado a la puesta al día de pagos atrasados de la gestión anterior.
El relevamiento, que excluye de la cuenta de los resultados públicos a los ingresos originados en los dos fideicomisos de la seguridad social, ubica al déficit fiscal en 4,9% del PIB, siete décimas por encima del cierre de 2024 y el más alto desde la pandemia, mientras identifica algunos riesgos a futuro.
En 2025, mientras que los ingresos del sector público se mantuvieron estables con relación al Producto, los gastos aumentaron en seis décimas del PIB. Puntualmente, el informe precisó que “algunas partidas típicas de pagos postergados aumentaron de manera considerable”, tales los casos de gastos no personales o suministros (18,6% nominal interanual), inversiones del gobierno central (26,8%) y transferencias (10,1%), mientras que las remuneraciones subieron 7% y las pasividades 8,1%.
Con relación a los ingresos, los de la Dirección General Impositiva (DGI) subieron 7,7% en el promedio anual, al tiempo que los del Banco de Previsión Social (BPS) lo hicieron 6,6%, frente a una inflación en el entorno del 4,7%.
Sin embargo, el observatorio de la UCU puso el foco en la desaceleración de la actividad económica y de la recaudación, que pasó de un 9% interanual en el primer trimestre a una caída del 3% en el último, algo que calificó como “una realidad más preocupante”.
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