El directorio de la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) aprobó los pliegos de la licitación para la construcción de la represa en Casupá por 130 millones de dólares, con el voto a favor del presidente oficialista y el del Partido Colorado (PC) en contra.
Durante la reunión de este jueves, el directorio aprobó con el voto a favor del presidente de OSE, Pablo Ferreri, y del vicepresidente, Guillermo Caraballo, mientras que el presidente colorado, José Amy, votó en contra. A partir de este momento, comienza un proceso interno en el que están precalificados cuatro consorcios.
Entre ellos, se encuentran el consorcio CCCC-YREC-Impacto; Casupá (compuesto por Sinohydro10 y Grinor); Consorcio Rovella CVC, y el consorcio Constructor de Presas Uruguay (integrado por Traxpalco, Berkes y Toniolo Busnello).
El gobierno prevé adjudicar la obra para fin de año, una vez que pueda obtener la autorización ambiental y antes de que pase por el Tribunal de Cuentas, con el objetivo de empezar las obras a principios del año que viene y que finalicen en 2029.
El respaldo del CAF por u$s 130 millones
En abril, el gobierno aprobó un préstamo de hasta 130 millones de dólares otorgado por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para financiar la construcción de la represa. La decisión quedó formalizada a través de un decreto firmado por el presidente de la República junto a los ministros de Ambiente, Economía y Finanzas y Relaciones Exteriores, en el que se avala el contrato de préstamo y su correspondiente garantía estatal.
También establece que se deberá informar a la Asamblea General dentro de los 10 días posteriores a la firma y comunicar al Tribunal de Cuentas para su control. El financiamiento, que ya contaba con aprobaciones previas de la CAF y de OSE, tendrá un plazo de amortización de 18 años y un período de gracia de 66 meses.
OSE será el organismo encargado de llevar adelante el proyecto y tendrá a su cargo la administración de los fondos, que deberán destinarse a la ejecución de obras, estudios técnicos, expropiaciones, auditorías, gestión ambiental y social, entre otros costos asociados. El contrato prevé desembolsos escalonados y el cumplimiento de condiciones previas, especialmente en materia ambiental, social y de gestión, antes del inicio de las obras o la liberación de recursos.