Uruguay podría habilitar el voto de ciudadanos en el exterior por el avance de una denuncia en la OEA

La denuncia de un emigrante por la violación de sus derechos políticos dejó al Estado al borde de tener que habilitar el voto a distancia.

Uruguay y Surinam son los únicos países de Sudamérica que no permiten a sus ciudadanos votar desde el exterior.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) avanza en un caso inédito que podría obligar a Uruguay a habilitar el voto consular producto de la denuncia de un abogado uruguayo residente en Miami que reclama que el país viola sus derechos políticos al no permitirle votar desde el exterior.

El viernes 7 de agosto, el organismo citó de oficio a una audiencia al Estado uruguayo y al peticionante, un paso que, según fuentes de la OEA consultadas por Búsqueda, indica que la comisión está próxima a resolver.

El caso lo inició en 2011 Rodrigo Da Silva, un abogado uruguayo que vive en Miami y que mantiene vínculos con el país a través de propiedades, negocios y empleados, quien denunció ante la CIDH la violación de sus derechos políticos y de igualdad ante la ley, garantizados en los artículos 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 2020, el organismo consideró admisible la petición y comenzó a estudiar el fondo del asunto, que ahora tuvo un avance sustancial con la audiencia del 7 de agosto.

Uruguay y Surinam son, según el artículo, los únicos países de América del Sur que no permiten el voto a distancia: los uruguayos residentes en el exterior están habilitados por la Constitución a votar, pero deben trasladarse al país y presentarse en un circuito de la Corte Electoral para hacerlo.

"Nos sentimos como ciudadanos de segunda categoría"

Durante la audiencia, Da Silva argumentó que el artículo 77 de la Constitución establece "claramente que todos los ciudadanos uruguayos" tienen derecho al voto, y que lo que existe es un vacío normativo que impide ejercerlo. "El Estado ha decidido en los hechos no implementar un mecanismo para que ese derecho se ejerza, lo cual viola nuestra Constitución flagrantemente", afirmó.

El abogado sostuvo que no haría falta una nueva ley para resolver el problema: "Nosotros creemos que no hay que legislar algo que ya está en la Constitución. Solo falta la implementación". A su juicio, "nada impide hoy a la Corte Electoral cumplir con el artículo 77 de la Constitución e implementar un sistema de voto extraterritorial para las próximas elecciones" y lamentó el estancamiento del debate: "Nos sentimos como ciudadanos de segunda categoría. Dicen que tenemos una democracia plena, pero es bastante renga. Los uruguayos hemos esperado mucho tiempo y es hora de que se haga justicia".

Da Silva también cuestionó la norma que elimina del registro de la Corte Electoral a quienes no votan en dos elecciones consecutivas, algo que afecta particularmente a los uruguayos en el exterior. "La comisión debería recomendar al Estado uruguayo la derogación de esa ley", planteó.

La postura del Estado uruguayo: "Buscamos una solución jurídicamente aceptable"

En representación de Uruguay, el embajador Jorge Muiño, director general para Asuntos Consulares y Vinculación de la Cancillería, sostuvo que el Estado reconoce el derecho al voto de los residentes en el exterior, y que ese derecho no está impedido en la medida en que puedan trasladarse al país para ejercerlo. Muiño remarcó además que distintos gobiernos intentaron implementar el voto consular sin lograr "una solución de consenso jurídicamente aceptable", y subrayó: "La temática ha sido despojada de todo cariz político-partidario, estamos ante una petición relativa a derechos humanos básicos como los derechos políticos al sufragio".

El jerarca repasó los antecedentes: el plebiscito de 2009, que proponía el voto por vía epistolar y no alcanzó el respaldo necesario (votó a favor el 37,4% de la población); y la ley de 2018, que creó una comisión honoraria para analizar alternativas, no contó con apoyo de la oposición, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia tras un recurso de los partidos Nacional, Colorado, Independiente y el extinto Partido de la Gente, y terminó derogada durante el gobierno de la coalición republicana.

Muiño confirmó que al inicio de la actual legislatura fue desarchivado un proyecto de 2023 orientado a implementar el voto consular, y recordó que el presidente de la República, Yamandú Orsi, durante la cumbre de líderes del Mercosur de diciembre de 2025, expresó "el compromiso del Estado de seguir trabajando en una solución que garantice el derecho al voto".

Un debate histórico entre izquierda y partidos tradicionales

La discusión sobre el voto consular tiene en Uruguay posiciones históricamente enfrentadas: más favorable en la izquierda y más reticente en los partidos tradicionales. El analista Óscar Bottinelli había señalado ya en 2017, en el programa En Perspectiva, la lógica detrás de esa división: "Claramente en Uruguay la izquierda tiene un imaginario de que el voto en el exterior lo beneficia y los partidos tradicionales tienen un imaginario de que el voto en el exterior los perjudica". Aunque, aclaró que "no hay ninguna investigación, ningún estudio que diga que esto es así". Se estima que la diáspora uruguaya oscila entre 500.000 y 800.000 personas.

La comisionada argentina Andrea Pochak, relatora para Uruguay, calificó el caso como un desafío inédito para el organismo: "Es una audiencia que nos interpela, porque es un asunto que el sistema interamericano todavía no tiene resuelto. No hay estándares, no hay antecedentes en los que podamos basarnos para resolver un caso como este". Pochak indagó al Estado sobre la naturaleza del problema, si se trata de una restricción de derechos o de una cuestión de reglamentación, y sobre los obstáculos concretos para avanzar, dado que existe tanto un compromiso presidencial como un proyecto de ley en el Parlamento.

La directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Maite Dalmao, respondió que el asunto tiene más que ver con una necesidad de reglamentación que con una restricción de derechos, aunque reconoció que se requiere una ley de tipo reglamentario para hacer efectivos los preceptos constitucionales. Muiño, por su parte, remarcó que cualquier cambio legislativo en la materia requiere el apoyo de dos tercios de los parlamentarios, lo que exige "buscar un consenso político muy importante", aunque expresó confianza en que ese acuerdo eventualmente se alcance.

Tras la audiencia, ambas partes tienen un plazo de 30 días para presentar sus observaciones finales, tras lo cual la CIDH elaborará su informe de fondo con recomendaciones para el Estado uruguayo. Si Uruguay no las cumple en los plazos establecidos, la comisión podría eventualmente elevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consultados por los comisionados, tanto los representantes del Estado como el peticionante manifestaron su disposición a alcanzar una solución amistosa.