Tras 25 años de resultados negativos, el Poder Ejecutivo analiza un plan para concentrar la producción en la planta de Minas y transformar la fábrica de Paysandú.
En Paysandú, el costo de producción por tonelada alcanza los 9.781 pesos, mientras que el ingreso promedio por venta es de apenas 4.340 pesos.
El portland de Ancap es uno de los grandes agujeros negros de las empresas públicas a nivel nacional, desde el año 2000, el negocio acumula pérdidas estimadas en unos 800 millones de dólares, considerando resultados operativos y pérdida de valor de inversiones.
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En 2025 las pérdidas del sector rondaron los 31 millones de dólares, y el directorio de la empresa le encargó a la gerencia que elaborara opciones para revertir la situación, quien presentó cinco propuestas. Una de ellas parece ser la preferida del gobierno, aunque todavía no ingresó formalmente al directorio para su votación.
Así lo reveló Germán Coutinho, integrante por la oposición de la gerencia de Ancap, tras visitar el Directorio del Partido Nacional (PN) para informar sobre la situación. "La mejor propuesta habla de fortalecer la potencialidad de la empresa en Lavalleja y reducir un poco lo que está sucediendo en Paysandú", señaló Coutinho en rueda de prensa, adelantando cuál sería la dirección que "seguramente" tomaría el gobierno.
El portland de Ancap lleva un cuarto de siglo en rojo. Las dos plantas de producción de cemento, Minas y Paysandú, operan muy por debajo de los estándares regionales: en 2024, Minas funcionó 142 días y Paysandú apenas 103, cuando la industria requiere alrededor de 330 días al año para ser viable. Esa subutilización dispara los costos unitarios: el ingreso promedio por tonelada fue de 4.340 pesos, mientras que el costo de producción llegó a 7.514 pesos en Minas y a 9.781 pesos en Paysandú.
Minas es la planta más eficiente, está más cerca del centro de consumo, lo que abarata los fletes, y cuenta con un yacimiento contiguo que reduce los costos de abastecimiento. Paysandú, en cambio, carga con la desventaja geográfica de estar lejos de Montevideo, el principal mercado del cemento en Uruguay. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, lo dijo con crudeza en febrero: "Si el Estado termina sincerando que una actividad resulta inviable por lo lejos que estamos del centro de consumo, díganme qué le dejamos a las empresas privadas que tienen exactamente el mismo problema".
La dirección del plan que el gobierno parece haber elegido ya fue anunciada en sus líneas generales a fines de 2025. La idea es concentrar la producción de clínker en la planta de Minas, mientras que la planta de Paysandú no cerrará formalmente, pero dejará de operar como fábrica: su horno será apagado y quedará como respaldo, pasando a cumplir funciones logísticas y de procesos específicos (molienda, formulación y embolsado) para abastecer al norte del país.
Para sustentar el cambio, el plan contempla una inversión de unos 26 millones de dólares en los primeros tres años, enfocada en la automatización de los molinos de Minas y en el desarrollo de combustibles alternativos mediante economía circular, reutilizando residuos con alto poder energético generados en otras plantas del ente. Para 2026 se proyecta una inversión inicial de 5 millones de dólares.
La ministra de Industria, Energía Minería (MIEM), Fernanda Cardona, fijó los tiempos con claridad: a corto plazo, el objetivo es "parar el desangre"; a mediano plazo, recuperar los niveles de 2019; y a 15 años, volver a tener ganancias.
Coutinho fue preciso en un punto que tiene importancia institucional: pese a que la gerencia elaboró las cinco opciones y el gobierno parece tener una preferencia, la decisión no ingresó formalmente al directorio de Ancap para su consideración y votación. El representante opositor señaló además que Fancap, el sindicato de la empresa, está negociando y presentando sus propias propuestas, y que habrá que esperar los plazos que defina la empresa para que todo el proceso se formalice.
Fancap advirtió que el plan implica el traslado forzoso de unos 50 funcionarios a Minas y el envío al seguro de paro de 75 trabajadores tercerizados de las extractivas. Eduardo Zabala, dirigente sindical en Paysandú, fue directo: "Lo que pretenden hacer es el cierre de la planta industrial de Paysandú". El sindicato propone en cambio invertir en ambas plantas y diversificar la producción hacia productos que Ancap vende, pero no fabrica, como morteros de cemento y prefabricados de hormigón.
La resistencia no se limita al sindicato. El sistema político de Paysandú, intendente, diputados y Junta Departamental, de todos los partidos, se unificó para advertir al gobierno que el departamento no pagará el costo de la reestructura. "No va a ser Paysandú el que pague el costo de la readecuación de una industria a fuerza de sufrir desarraigo de algunos funcionarios", afirmó Olivera.
El debate está abierto. El gobierno tiene su opción preferida, la gerencia presentó sus propuestas, el sindicato tiene las suyas y el directorio todavía no se pronunció. Lo que sí está claro es que el statu quo, perder entre 25 dólares y 31 millones de dólares por año mientras el contador sigue corriendo hacia los 1.000 millones de dólares acumulados, no parece ser una opción.
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