El gobierno acusa a Cardama de un "grave incumplimiento" y cuestiona la validez de la segunda garantía

El Ministerio de Defensa sostuvo que el astillero presentó un documento de “términos y condiciones” en lugar de una póliza de reembolso.

El gobierno advierte a Cardama por un incumplimiento “grave y esencial” del contrato.

El gobierno volvió a atacar al astillero español Cardama al acusarlo de un “grave incumplimiento” del contrato referido a la la segunda garantía exigida para la construcción de dos patrullas oceánicas, al entender que la empresa presentó un documento que no constituye una póliza válida y dejó al Estado en una situación de desprotección inaceptable.

El Poder Ejecutivo tiene bajo la lupa a Cardama desde el año pasado, cuando comenzaron a surgir dudas sobre la validez de las garantías presentadas para respaldar el contrato firmado en diciembre de 2023, por un monto total de 82 millones de euros, para la construcción de dos OPV destinadas a la Armada Nacional. Esta semana, el Ministerio de Defensa notificó formalmente a la empresa la detección de un nuevo problema serio, que se suma a observaciones anteriores y que podría habilitar reclamos patrimoniales por parte del Estado.

El contrato establecía la constitución de dos garantías a favor del ministerio: una de fiel cumplimiento y otra de reembolso, equivalente al 10% del precio de cada buque. Aunque Cardama contaba con un plazo de 45 días desde la firma del acuerdo, el proceso se extendió durante casi once meses hasta que los avales fueron aceptados por la administración anterior. En octubre, el presidente Yamandú Orsi anunció que se preparaba una denuncia por presunto fraude al Estado, tras constatar que la garantía de fiel cumplimiento, emitida por EuroCommerce Bank, podía ser falsa.

Para el gobierno es "un incumplimiento grave y esencial"

Ahora, las dudas alcanzaron también a la garantía de reembolso, presentada como emitida por Redbridge Insurance Company. Según informó Defensa, el documento remitido por Cardama y fechado el 30 de octubre no constituye una póliza de seguro, sino un texto de “términos y condiciones”. De acuerdo con los representantes legales de Redbridge, no se trata de una póliza de anticipo financiero, como exige el contrato.

Para el ministerio, esto implica que, en los hechos, el Estado nunca recibió la garantía de reembolso correspondiente, lo que configura un incumplimiento “grave y esencial”. En su notificación, Defensa sostuvo que la conducta del astillero podría responder a una “grave negligencia” o incluso a una actuación deliberada destinada a aparentar el cumplimiento de obligaciones esenciales.

En la notificación, recordó que no se trata de un “hecho aislado”, sino que se suma a un “incumplimiento repetido y sistemático” por parte del astillero. El gobierno advirtió que, ante este escenario, se reserva el derecho de rescindir el contrato, exigir la devolución de los importes ya abonados —cerca de 28 millones de euros— y reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

Cardama continúa con la construcción

Mientras tanto, Cardama continúa con la construcción de las patrullas en Vigo, en un contexto de creciente tensión política y judicial, con acciones legales en curso tanto en Uruguay como en España y una disputa que amenaza con escalar en los próximos meses.

Esta semana, el astillero ha enfilado la construcción con más bloques para el primer barco y con la colocación de la quilla del segundo en la vía contigua, un paso más en medio de la batalla legal y bajo la sombra de los pagos desde el país.