El proyecto, que iba a ingresar al Parlamento a fines de mayo, fue demorado algunas semanas con el fin de incorporar normas que agilicen trámites.
La iniciativa busca agilizar la relación entre el Estado y las empresas privadas mediante la simplificación de trámites.
El gobierno enviará en las próximas semanas al Parlamento un proyecto de ley denominado Competitividad, Innovación y Reducción del Costo de Vida, una iniciativa que busca agilizar la relación entre el Estado y las empresas privadas mediante la simplificación de trámites, la reducción de tiempos administrativos y nuevos mecanismos que permitan acelerar inversiones y proyectos productivos.
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La propuesta, anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, forma parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la competitividad de la economía y "facilitarle la existencia a la actividad privada". Aunque inicialmente estaba previsto que el texto ingresara al Parlamento antes del 31 de mayo, su presentación fue postergada algunas semanas mientras se terminan de ajustar los detalles de la iniciativa.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto será la incorporación de los llamados “silencios positivos”, un mecanismo que apunta a evitar que los trámites queden indefinidamente pendientes por falta de respuesta de los organismos públicos. La propuesta establece que, cuando una dependencia estatal no responda dentro de los plazos fijados a una solicitud, permiso o autorización presentada por un particular, esta se considerará aprobada automáticamente.
Según explicó Oddone durante el cierre del Congreso de la Federación Rural, "es básicamente establecer por ley que si la administración no dio respuesta a una normativa, o a una autorización, eso es automático; vamos a dar paso a las declaraciones juradas para generalizarlas".
El proyecto también contempla una ampliación del uso de declaraciones juradas para determinados trámites. Bajo este esquema, los ciudadanos y empresas podrán avanzar en algunas gestiones sin necesidad de esperar estudios previos o controles administrativos antes de iniciar una actividad. La verificación por parte del Estado se realizará posteriormente y, en caso de detectarse irregularidades, incumplimientos o información falsa, se prevén sanciones severas.
“Ante una regulación no tenga que haber un estudio; basta con que haya una declaración jurada del privado en la cual nosotros podamos confiar”, afirmó Oddone al explicar el espíritu de la reforma. El ministro agregó que los controles posteriores serán rigurosos y que las sanciones deberán ser importantes para desalentar conductas indebidas.
Desde el gobierno entienden que muchos de los problemas de competitividad no responden a una única medida de gran impacto, sino a la acumulación de pequeñas trabas y demoras que terminan encareciendo la actividad económica. Por esa razón, la iniciativa busca introducir una serie de cambios puntuales que permitan simplificar los vínculos entre la ciudadanía, las empresas y el Estado.
Oddone remarcó que la intención es avanzar hacia un modelo en el que los controles sean mayoritariamente “expost”, es decir, posteriores al inicio de las actividades, en lugar de convertirse en una barrera previa que retrase decisiones de inversión o procesos productivos. A su juicio, esta transformación puede contribuir a una administración más eficiente y a una economía más dinámica.
El proyecto estará organizado en cuatro grandes capítulos: comercio exterior, facilitación de trámites, defensa de la competencia e innovación. Con esa estructura, el gobierno aspira a impulsar reformas para modernizar la gestión pública y generar el desarrollo de la actividad privada en Uruguay.