El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitó un proceso de consulta pública para que empresas y ciudadanos realicen sus aportes al proyecto de ley de competitividad e innovación, una iniciativa que busca mejorar el clima de negocios, con el objetivo de remitir el texto definitivo al Parlamento tras el cierre del período de aportes a fines de abril.
El MEF convoca a empresas y ciudadanos a presentar ideas para la nueva ley de competitividad e innovación
La consulta pública estará abierta hasta fines de abril y busca sumar propuestas para mejorar el proyecto antes de su envío al Parlamento.
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El Ministerio de Economía y Finanzas recibirá propuestas de empresas y ciudadanos para sumar al proyecto de ley de competitividad e innovación.
El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, explicó que la consulta estará disponible hasta finales de abril a través del sitio web oficial del MEF, y que el Poder Ejecutivo prevé enviar el proyecto al Parlamento luego del 31 de mayo. La instancia apunta a enriquecer la propuesta con insumos provenientes tanto del sector privado como de la ciudadanía en general.
Las declaraciones fueron realizadas durante el Lanzamiento del Año Comercial organizado por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (Ccsuy), donde el jerarca destacó la importancia de avanzar en reformas que apunten a mejorar la competitividad del país. En ese marco, subrayó que el proyecto tiene un enfoque transversal, orientado a simplificar, agilizar y fortalecer distintos procesos del Estado, además de promover la innovación.
Qué propone la ley
La Ley de Competitividad e Innovación propone reformas de carácter microeconómico destinadas a facilitar el desarrollo de actividades productivas, comerciales y de inversión. Entre sus ejes centrales se encuentra la reducción de costos de gestión, la eliminación de barreras de entrada a los mercados y la revisión de regulaciones que puedan obstaculizar la innovación.
Uno de los aspectos destacados es la agilización de procedimientos administrativos, mediante herramientas como la ampliación del uso de declaraciones juradas, la aplicación del silencio administrativo y el reconocimiento de certificaciones emitidas en otros países, con el fin de evitar duplicaciones y demoras innecesarias.
Asimismo, el proyecto contempla modificaciones al Código Aduanero y a las normativas vinculadas al comercio exterior, con el objetivo de otorgar mayor responsabilidad a las empresas y mejorar la eficiencia de los controles. En paralelo, se prevé fortalecer la ley de Defensa de la Competencia, clarificando su alcance y optimizando el uso de recursos por parte de la comisión encargada. La iniciativa incluye ajustes en el marco normativo de las instituciones vinculadas a la innovación, buscando facilitar el acceso a instrumentos de financiamiento y dinamizar el ecosistema emprendedor.


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