El gobierno busca la reparación para las víctimas de la guerrilla

El presidente Luis Lacalle Pou envió al Parlamento un proyecto para indemnizar a quienes hayas sufrido hechos ilícitos antes y durante la dictadura a manos de los grupos armados de Uruguay.

El presidente Luis Lacalle Pou envió al Parlamento un proyecto de ley promovido por Cabildo Abierto desde la bancada oficialista del Senado para reconocer el derecho de que las víctimas de los grupos guerrilleros durante la dictadura en Uruguay y sus momentos previos reciban una reparación moral, social y económica.

A principios de diciembre, el grupo liderado por el ex jefe del Ejército y actual senador Guido Manini Ríos, con el apoyo de los blancos y los colorados, le pidió al Poder Ejecutivo la redacción de un proyecto en este sentido.

En respuesta, Lacalle Pou envió el texto al Parlamento, en el cual menciona como posibles beneficiarios a civiles, policías y militares —así como a sus familias— que hayan sufrido daños a su persona o bienes a partir de hechos ilícitos por acción u omisión del Estado. “Es de justicia para estos compatriotas y sus familias”, señala el articulado, que contempla el período entre 1962 y 1976 para la reparación.

De aprobarse la ley, las personas comprendidas en el texto tendrán derecho a percibir una indemnización por hechos referidos a violaciones a su derecho a la vida, integridad psicofísica o a su libertad por motivos políticos o ideológicos, siempre y cuando puedan acreditar el daño y su nexo causal con los grupos referidos.

Asimismo, el Estado deberá promover acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de "restablecer la moral de las víctimas" por el uso ilegítimo del poder ejercido por integrantes de grupos armados, así como también "honrar su memoria".

Para la efectivización de las disposiciones mencionadas en el proyecto se creará una Comisión Especial que tendrá a su cargo la instrucción, sustanciación y resolución sobre las solicitudes de amparo al beneficio, así como su otorgamiento. La designación de sus integrantes quedará a cargo del Poder Ejecutivo, que también deberá determinar el monto de las reparaciones económicas y que, según se definió, saldrán de Rentas Generales.

Un proyecto similar al del 2020

A fines de 2020, aunque jamás discutido en el recinto parlamentario, Cabildo Abierto había presentado su propio proyecto en esta línea, en el cual planteaba parámetros para determinar la cuantía de las pensiones.

En el texto que sirvió como antecedente para el presentado por el presidente, se consideraban los montos destinados para los beneficiarios en función del tipo de afectación que habían sufrido ellos y/o sus familiares.

Según esa escala también se podía optar por una reparación única en Unidades Indexadas (UI) de entre 10 mil y 2,8 millones de pesos; o bien, recibir una pensión de entre 22 mil hasta 56 mil pesos mensuales.

En la proyección de Cabildo Abierto, la iniciativa abarcaba unos 80 casos. Y aunque no se mencionaba ningún grupo específico, la medida apuntaba particularmente a las víctimas de grupos armados de izquierda, como el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros o la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales