La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, dijo que las partes trabajan sobre “ajustes de redacción” para cerrar el tema y volver a la actividad normal.
La directora de Trabajo aseguró que este lunes podría firmarse el acuerdo que ponga fin al conflicto en la Terminal Cuenca del Plata (TCP).
La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, aseguró que este lunes podría firmarse el acuerdo que ponga fin al conflicto en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), tras una jornada de intensas negociaciones tripartitas entre el Ministerio de Trabajo, la empresa Katoen Natie y el sindicato de portuarios.
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“Estuvimos desde la mañana en reunión tripartita, retomando la propuesta que presentamos el sábado por la noche y viendo asuntos que quedan para finalmente firmar un acuerdo. Estaríamos apostando a firmar el acuerdo hoy”, señaló Barrios al ser consultada por la prensa. La jerarca explicó que el texto no presenta “cambios sustanciales”, aunque sí algunas modificaciones “de redacción” que resultaban sensibles para las partes.
El conflicto en la terminal del Puerto de Montevideo se desató luego de que los trabajadores iniciaran medidas de paro en rechazo a la implementación de un nuevo software de control de tareas y al reclamo por la reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas. La empresa belga Katoen Natie —accionista mayoritaria de TCP— calificó las medidas como “irresponsables” y exhortó al personal a retomar las actividades.
Barrios aclaró que “pasar de ocho a seis horas no es una alternativa posible ahora”, aunque destacó que el objetivo del Ministerio de Trabajo es alcanzar un entendimiento que permita retomar la operativa normal del puerto y continuar negociando los puntos pendientes en el marco del convenio colectivo. “Cerrar un acuerdo por este conflicto no significa que se suspendan las conversaciones. Las partes seguirán negociando el convenio colectivo”, afirmó.
En relación al nuevo sistema informático, uno de los principales puntos en discusión, la directora de Trabajo aseguró que “el software va a seguir aplicándose”, al tiempo que se avanzará en mecanismos de seguimiento y evaluación conjunta entre la empresa y el sindicato para garantizar su correcta implementación.
El conflicto había generado preocupación en el gobierno por el impacto en la operativa portuaria y el flujo de exportaciones. Desde distintos sectores, como exportadores y transportistas, denunciaron pérdidas millonarias y exigieron a las autoridades intervenir para brindar garantías.
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