El gobierno decretó un nuevo régimen de licencias médicas para empleados públicos

El Poder Ejecutivo avanza en la reducción del gasto público en licencias y certificaciones médicas, y busca un modelo más eficiente a través de la nueva normativa.

El gobierno decretó un nuevo régimen de licencias médicas para funcionarios públicos en Uruguay.

El gobierno estableció por decreto un nuevo régimen de licencias y subsidios por enfermedad para funcionarios públicos en Uruguay, con el objetivo de reducir los importantes gastos que tiene el Estado en este sentido.

Con la firma del presidente Luis Lacalle Pou y los 14 ministros, el Poder Ejecutivo publicó ayer un decreto que impone una nueva regulación en las licencias médicas para empleados públicos. De esta forma, estos trabajadores tendrán derecho a tener hasta nueve días hábiles de licencia remunerada al año, destinados a cubrir ausencias intermitentes o consecutivas por enfermedad o accidente.

Con la nueva normativa, el régimen pasa a ser de subsidio por enfermedad a partir del décimo día. En ese caso, el pago será del 75% o 100% del salario, dependiendo de las circunstancias particulares; aunque algunos beneficios como los sociales, la antigüedad, las partidas por locomoción, los viáticos y las horas extras no estarán incluidos en este pago.

“Los días de licencia remunerada por enfermedad se generarán el primero de enero de cada año y se podrán usufructuar hasta el 31 de diciembre del mismo año, no resultando acumulables para el año siguiente”, indica el decreto, y agrega que los funcionarios designados en el curso del año civil tendrán derecho a los días de licencia remunerada por enfermedad desde su ingreso hasta el 31 de diciembre.

La normativa aplica a funcionarios, presupuestados o contratados, que se desempeñan en el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Servicios Descentralizados y Fiscalía General de la Nación. Por otra parte, y si bien no son alcanzados por el decreto, los gobiernos departamentales y los entes autónomos podrán adoptar el nuevo régimen si así lo desean.

Por su parte, los defensores públicos, funcionarios del escalafón N de la Fiscalía, magistrados del Poder Judicial, funcionarios diplomáticos del servicio exterior que se encuentran en misión en el extranjero y funcionarios de los gobiernos departamentales pueden ser exceptuados.

Las certificaciones médicas de ANEP, otro problema para el gobierno

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, anticipó que busca avanzar en la reglamentación de las certificaciones médicas en ANEP, al señalar que su costo es "mucho mayor" a los 100 millones de dólares anuales.

Al referirse a esta situación y al ahorro fiscal que podría implicar, Arbeleche expresó en diálogo con Radio Carve que ese beneficio “corresponde a quien está enfermo”, pero cuestionó un problema que se repite en las escuelas. “No le corresponde a quien por distintos motivos no concurre a trabajar y de repente no lo hace en la enseñanza pública y sí lo hace en la enseñanza privada”, comparó.

Por otra parte, identificó el gasto de las certificaciones médicas en ANEP como “mucho” mayor a los 100 millones de dólares anuales. Por eso, insistió en “hacer un doble clic para pedirle al funcionario público lo mismo que le pedimos al privado”.