El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sostuvo que, pese a los homicidios registrados durante el fin de semana, el gobierno identifica una tendencia a la baja en los delitos y defiende que las políticas de seguridad aplicadas comienzan a mostrar resultados, en medio de cuestionamientos de la oposición sobre la interpretación de las cifras.
“Hay que seguir trabajando. No estamos conformes con los resultados que tenemos, pero aquí lo que hay es una política que va en el buen camino”, afirmó en rueda de prensa, al tiempo que remarcó que en los últimos meses han disminuido homicidios, hurtos, rapiñas y abigeato.
Según el jerarca, el punto clave no es solo la comparación interanual, sino que se rompió con una tendencia de largo plazo. “El año pasado los delitos disminuyeron respecto al 2024, pero algo más importante, disminuyeron con respecto a la tendencia de los últimos 20 años”, señaló. En esa línea, insistió en que, aunque los resultados no son suficientes, muestran que algunas medidas están dando efecto.
Sánchez, además, respondió a las críticas de la oposición, que sostiene que las cifras oficiales no reflejan la realidad cotidiana de inseguridad. Uno de ellos fue el diputado del Partido Nacional (PN), Pablo Abdala, que cuestionó la interpretación del gobierno. Frente a esto, el jerarca respondió: “Medido como se lo quiera medir, hay menos delitos de los que había en el gobierno anterior. Esa es la verdad”.
La seguridad, "el problema número uno del país"
El senador del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, también advirtió sobre la situación de la seguridad pública y la falta de respuesta contundente. “Sigo sin ver sentido de la urgencia con el tema", dijo en declaraciones al programa 8AM, y consideró que es "el problema número uno del país”.
Ojeda pidió que el Estado esté más presente en territorio y sea más contundente al dar respuestas contra el crimen organizado. “Si vos no ponés un límite, la gente empuja”, señaló, y agregó que “tiene que haber una respuesta del Estado, tajante y con fuerza directa”. También defendió el rol de las penas y la probabilidad de sanción como factores clave: “Las penas cumplen una función y lo que cumple una función muy pesada es la inexorabilidad de la pena", apuntó.
En este sentido, el senador consideró que el país necesita un debate “más duro” en materia de seguridad y decisiones políticas más firmes para enfrentar el avance del narcotráfico, al recordar que se trata del tema de mayor preocupación de la ciudadanía.
El caso Moisés y el debate sobre el “perdón judicial”
En paralelo a la discusión por las cifras, Ojeda instaló otro eje de debate a partir del caso de Moisés Martínez, condenado por el homicidio de su padre, que generó conmoción pública. El legislador calificó el episodio como “hiper excepcional” y planteó la necesidad de revisar el artículo 36 del Código Penal, que regula el perdón judicial en contextos de violencia intrafamiliar. Según explicó, la exigencia de una denuncia previa puede dejar sin cobertura a situaciones complejas donde el Estado no logró proteger a la víctima.
“El clamor social no suele ser liberar a alguien de la cárcel, pero acá ocurrió”, señaló, y propuso ampliar la discrecionalidad de los jueces para contemplar casos donde la respuesta estatal haya sido ineficaz. No obstante, aclaró que no impulsa directamente un indulto, sino abrir una discusión más profunda.
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