El gobierno decidió dilatar la respuesta a un pedido del Partido Nacional (PN) por Cardama, que presentó una solicitud de acceso a la información para recibir una copia de la denuncia realizada por la empresa española ante tribunales internacionales por la rescisión del contrato por las patrullas oceánicas (OPV).
El gobierno dilata una respuesta por Cardama y la oposición amenaza con ir a la Justicia
El Ejecutivo se ampara en una prórroga legal por 20 días hábiles y el Partido Nacional habla de “opacidad y falta de transparencia”.
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El Partido Nacional exige conocer la denuncia de Cardama contra el Estado
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Cardama demandó a Uruguay ante la Corte de París por la rescisión del contrato de las patrullas oceanicas
El gobierno pidió una prórroga de 20 días hábiles para responderle a la oposición por Cardama.
Se trata de una prórroga legal por 20 días que fue comunicada por la Prosecretaría de Presidencia que encabeza Jorge Díaz al diputado blanco Pablo Abdala, autor del pedido, quien ahora advirtió sobre la posibilidad de que la situación se traslade al terreno judicial.
“Si piden una prórroga es porque no tienen voluntad. Vamos a esperar el plazo y, si persiste la negativa, que yo presumo que sí, iremos a la Justicia, que es lo que prevé la ley”, apuntó Abdala en diálogo con radio Monte Carlo.
Otro camino posible sería declarar la reserva de la información, sostuvo el legislador, quien dijo que eso “sería confesar que el propósito es que no se sepa” el contenido de la presentación de Cardama ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
El Partido Nacional denuncia “opacidad” en el caso Cardama
Al referirse a cómo observa la respuesta oficial, Abdala cuestionó el accionar del Poder Ejecutivo: No me sorprende, es la confirmación de que el gobierno se está comportando con una dosis de opacidad muy importante y falta de transparencia”.
“¿Cuál es la razón para ocultar y no dar a conocer al Parlamento y al país la demanda que promovió Cardama contra el Estado uruguayo?”, se preguntó y descartó que sea por una razón de estrategia judicial, al señalar que la empresa española “ya conoce los términos que utiliza en su demanda.
Si bien es legal, consideró desacertado el pedido de una prórroga, una figura que, a su entender, “obedece a la necesidad de ganar tiempo cuando se pide una información compleja que hay que recopilar o producir”. “Yo pido la copia de un escrito que se puede dar en 24 horas”, contrapuso.
De esta manera, continúa la polémica por la rescisión del contrato con la firma elegida por el gobierno anterior para construir dos OPV, las cuales podrían ser acercadas por otros países, según surge de las negociaciones “Estado a Estado” que encara la gestión actual.
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