La propuesta analizada por el Ejecutivo apunta a beneficiar a trabajadores de menores ingresos, manteniendo los 65 años como edad normal de retiro.
El gobierno estima que un 30% de los trabajadores podría jubilarse a los 60 años.
El gobierno analiza mecanismos para que cerca del 30% de los trabajadores, especialmente aquellos de menores ingresos, puedan acceder a una jubilación anticipada a los 60 años en condiciones similares a las vigentes antes de la modificación impulsada durante la administración pasada.
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La posibilidad fue planteada por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, quien explicó que la propuesta surgida en el marco del Diálogo Social apunta a generar un esquema más flexible para determinados sectores de trabajadores, sin provocar impactos fiscales negativos ni en el corto ni en el largo plazo.
Según detalló Arim en declaraciones al programa Arriba Gente, la edad normal de retiro continuará siendo de 65 años, tal como establece la reforma previsional aprobada en 2023. Sin embargo, se estudia habilitar un régimen de retiro anticipado a partir de los 60 años que estaría disponible para todos los trabajadores, aunque no necesariamente resultaría conveniente para cada caso.
De acuerdo con la estimación realizada por el jerarca, quienes tendrían un beneficio real al jubilarse antes serían los trabajadores de menores ingresos, especialmente aquellos alcanzados por el denominado “pilar solidario”. Ese grupo representaría aproximadamente un tercio de los trabajadores del país.
Arim explicó que, para los trabajadores de ingresos medios y altos, adelantar la jubilación implicaría aceptar una prestación menor, ya que el costo del retiro anticipado sería autofinanciado por cada persona y no trasladado al resto de la sociedad. En ese sentido, sostuvo que quienes decidan retirarse antes de los 65 años recibirían una tasa de retorno más baja respecto a la que obtendrían si permanecieran en actividad durante más tiempo.
El director de la OPP insistió, además, en que las recomendaciones surgidas del Diálogo Social no son vinculantes y aclaró que el Poder Ejecutivo todavía no definió una propuesta concreta de reforma. Según indicó, el gobierno se encuentra en una etapa de análisis de los insumos elaborados durante el proceso de discusión.
“Lo que estamos recibiendo son recomendaciones y diagnósticos”, señaló Arim, quien remarcó que será responsabilidad del Poder Ejecutivo evaluar qué medidas impulsar y cuáles podrían mejorar efectivamente las prestaciones del sistema previsional. Durante la entrevista, el jerarca también fue consultado sobre las modificaciones planteadas para el régimen de Asignaciones Familiares, particularmente respecto a la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de asistencia escolar como requisito para acceder a la prestación.
“Nosotros no tenemos definida una hoja de ruta, lo que tenemos definido es que a partir de ese diagnóstico podemos analizar alternativas, que no son necesariamente las que están diseñadas ahí. Podemos analizar alternativas que mejoren el funcionamiento de ese pilar, y por supuesto que las alternativas tienen sentido si mejoran las prestaciones que brinda el servicio a las personas”, dijo Arim consultado acerca de si la posible reforma mejorará el monto a cobrar de jubilación.
Sobre ese punto, Arim sostuvo que, en muchos casos, la Asignación Familiar representa el último vínculo que algunas familias mantienen con el Estado, por lo que cortar esa transferencia económica podría profundizar situaciones de exclusión y desconexión de los servicios públicos. El debate sobre el sistema previsional y las políticas sociales continuará en las próximas semanas, mientras el gobierno evalúa alternativas para introducir ajustes que permitan atender las demandas sociales sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.
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