La conclusión del proceso de diálogo social y la apertura a cambios en el manejo de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) que comienza a manejar el gobierno generaron tensión entre oficialismo y oposición, mientras el mercado aguarda los anuncios con inquietud.
Qué implican los cambios que prepara el gobierno para las AFAP y cómo los ve el mercado
El gobierno intenta contener la discusión por las modificaciones en el sistema previsional, mientras las críticas surgen desde la oposición y el sector privado.
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Martín Vallcorba descarta la estatización de las AFAP y confirma que la "jubilación anticipada" será con un haber menor
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El gobierno le quitará a las AFAP el control de las cuentas personales y creará un ente estatal
El gobierno impulsa cambios en las AFAP y el mercado observa con inquietud.
Los dirigentes de la Coalición Republicana (CR) cerraron filas hablando de “estatización” de las AFAP y de modificaciones que implican “pisotear” el plebiscito de la seguridad social que no fue refrendado en las urnas durante las elecciones de hace un año y medio, mientras en el Ejecutivo, con el ministro Gabriel Oddone a la cabeza, llaman a “no sobrerreaccionar”.
En paralelo, el sector privado no ve con buenos ojos la posibilidad de cambios y aguardan las definiciones. La Asociación Nacional de AFAP (Anafap) advirtió que se trata de “una estatización en los hechos” y cuestionó que no redunda en una mejora para los trabajadores. Incluso, fuentes del sector comentaron a Ámbito que existe preocupación por la pérdida de puestos de trabajo en el sector.
Para Sánchez, no se reabre el contenido del plebiscito
Ante este panorama, el gobierno intenta aportar precisiones a la espera de la presentación de los resultados del diálogo social, que tendrá lugar este miércoles. En declaraciones a Radio Del Sol, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aclaró que “no van a desaparecer las AFAP” y criticó “la exageración absoluta” de la oposición, al expresar: “Dicen que somos chavistas”.
Al contraponer con la visión de que el plebiscito laudó la discusión sobre el sistema previsional, Sánchez recordó que el presidente Yamandú Orsi es coherente con lo que dijo en campaña. “Planteamos que nuestro camino no era el del plebiscito, sino la construcción de un diálogo de la seguridad social para cambiar algunas cosas que impulsó el gobierno anterior y a las cuales nos opusimos en el Parlamento”, repasó al cuestionar algunos puntos de la reforma de 2023.
“Cuando se dice ‘acá la ciudadanía votó algo y no se puede tocar’, quiero aclarar que yo soy de los que no puse la papeleta. No me representa Pedro Bordaberry ni el Partido Nacional. Lo que no prosperó es una iniciativa que tenía cuatro puntos, que tuvo una votación importante, pero sin las mayorías suficientes”, recordó sobre el plebiscito.
De cara al futuro, precisó que lo que existe actualmente es “una recomendación al Poder Ejecutivo para que construya las herramientas legales” y aclaró que “se transformarán en una o varias leyes que van a ir al Parlamento a ser debatidas”, mientras cerró: “Hay legisladores que quieren convocar al ministro Gabriel Oddone, pero van a poder hacerlo cuando esté la ley y la lean”.
Los cambios en las AFAP y la edad jubilatoria
Al explicar las modificaciones que plantea el diálogo social, Sánchez puso el foco en la conveniencia de afiliarse a una AFAP. “Hoy el 90% de los trabajadores tiene una AFAP y es obligatorio a partir de determinados ingresos y voluntario para otros”, explicó, aclarando que “muchas veces las AFAP concentraron la actividad en reclutar gente y afiliar personas para empezar a cobrarle comisión, pero sin que quizás sea conveniente que tenga una AFAP por su nivel de ingreso”.
“Queremos regular la relación con el afiliado y hacer un filtro. Si tu negocio es cobrarme comisión, es altamente probable que tengas una política de afiliación movida por el interés de cobrarme esa comisión y no por asesorarme”, apuntó contra el rol actual de las AFAP y redobló la apuesta: “Creemos que es el Estado quien te puede decir si te conviene y las AFAP quienes se deben concentrar en invertir lo que esa gente tiene en sus cuentas. Es la forma más saludable y le va a dar transparencia”.
Al responder dudas sobre las modificaciones, el jerarca aclaró que “las cuentas de las personas van a seguir siendo suyas y cada uno seguirá eligiendo libremente quién va a administrar su fondo y su cuenta”, al defender los tres pilares de capitalización individual, solidaridad y reparto.
Con relación a una baja de la edad jubilatoria, detalló que será para casos puntuales. “Es para que aquellas personas que necesiten jubilarse a los 60 años lo puedan hacer. La edad general seguiría siendo los 65 años y vamos a habilitar una nueva causal para los 60, con una división clara entre el tercio más pobre, que le vamos a dar las mismas condiciones; y las otras dos terceras partes, que va a ser con una jubilación menor, porque de otra forma no se puede sostener”.
El mercado, en contra de las modificaciones
En el mercado existe una valoración negativa sobre la propuesta oficialista. Fuentes del sector advirtieron a Ámbito que se trata de “un paso en la señal incorrecta” y que sin dudas pondrá en juego la estabilidad laboral del sector. Ante la consulta de si puede ocurrir algo similar al avance en Argentina sobre las AFJP, aclararon que esa situación parece “lejana y hasta imposible”, aunque no descartan que pueda haber repercusiones sobre la nota crediticia.
Además, públicamente, fueron varios los actores que se pronunciaron en contra. Desde Anafap plantearon que “eliminando toda estructura comercial y de atención al cliente de las AFAP, la mejora en la jubilación total del trabajador sería inferior al 1%”, anticipando la posibilidad de más carga impositiva o un mayor déficit.
A eso le sumaron una posible baja en los estándares de calidad de un afiliado que pasa de cliente a “usuario cautivo de un único organismo estatal”, mientras pusieron en duda “la idea de que trasladar una actividad hoy privada, competitiva y rigurosamente supervisada, a un ámbito estatal monopólico, vaya a mejorar la atención al afiliado”, al señalar que “la evidencia apunta en sentido contrario”.
A su turno, el director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Social (Ceres), Ignacio Munyo, consideró que se trata de “un capricho ideológico” y realizó varias preguntas al respecto: “¿Cómo puede ser una conquista afectar negativamente las futuras jubilaciones, que 300 empleados de las AFAP pierdan su trabajo, generar un aumento del riesgo país aumentar los costos financieros y afectar negativamente el clima de negocios?”.
El también economista José Antonio Licandro apuntó en la misma dirección al comparar que “hoy cada persona tiene la posibilidad de controlar a su AFAP, comparando comisiones y rentabilidad, mientras puede cambiar de administradora si lo desea”, para luego preguntarse: “¿Esa potestad se resigna en manos de un nuevo ente estatal?”. En la misma línea, puso en duda el eventual ahorro de costos y recordó que “si hay gente que prefiere que el Estado gestione su cuenta personal, ya lo está haciendo porque está República AFAP”.
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