En el marco de los 30 años del sistema de ahorro previsional individual, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) realizó este martes un encuentro para analizar la evolución del régimen, sus impactos en la economía y los desafíos que enfrenta en el actual contexto de discusión sobre su futuro.
Ceres advirtió por posibles riesgos sobre cambios en las AFAP
La institución llevó a cabo un encuentro donde participaron especialistas de economía y del ámbito previsional.
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Ceres advirtió por riesgos ante posibles cambios en las AFAP.
La actividad, desarrollada bajo el título “30 años de Ahorro Previsional: política de Estado”, reunió a referentes del ámbito económico y previsional, con la exposición central del economista Ignacio Munyo, su director ejecutivo. Durante su intervención, Munyo planteó que la discusión trasciende el aniversario del sistema y se sitúa en un plano más estructural. “Lo que está en juego no se reduce a los 30 años de una política de Estado que ha sido exitosa, sino la forma en que el país decide proteger el ahorro de sus ciudadanos”, sostuvo.
El economista recordó que el régimen, creado en 1996, introdujo por primera vez cuentas individuales de ahorro jubilatorio, otorgando a los trabajadores la propiedad directa de sus aportes. Según explicó, este diseño no solo fortaleció la sostenibilidad financiera del sistema, sino que también estableció reglas claras y límites a la discrecionalidad en la gestión de esos fondos. En esa línea, destacó que el esquema se consolidó a lo largo de tres décadas como un pilar del sistema previsional y como una señal de estabilidad institucional, incluso vinculada al acceso y mantenimiento del grado inversor del país.
Alertas sobre cambios en discusión
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la preocupación por las propuestas que surgen en el ámbito del diálogo social, que plantean modificaciones en la administración de los fondos previsionales.
Desde Ceres se advirtió que estas iniciativas podrían implicar el traslado de las cuentas individuales a la órbita estatal, eliminando el rol de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) como administradoras privadas. Según Munyo, esta alternativa se presenta como una mejora en eficiencia, pero “la evidencia disponible no respalda la afirmación” en términos de reducción de costos o beneficios para los trabajadores.
Además, se alertó sobre posibles efectos en el empleo, con impacto en trabajadores del sector y sobre cambios en la arquitectura institucional del sistema, al pasar de un esquema con separación entre fondos y Estado a otro con mayor concentración pública. Por su parte, la presidenta de la Academia Nacional de Economía, María Dolores Benavente, defendió el funcionamiento del sistema mixto vigente en Uruguay, destacando su desempeño a lo largo de estas tres décadas.
Entre los principales resultados, señaló que más de 1,7 millones de trabajadores acumulan ahorros previsionales por unos 27.000 millones de dólares, equivalentes a cerca del 32% del Producto Interno Bruto. Asimismo, subrayó que la gestión de las AFAP ha permitido generar rendimientos significativos, al punto de que “por cada peso aportado por el trabajador, se ha generado un monto adicional equivalente” en las cuentas individuales.
Benavente también remarcó el impacto del sistema en el desarrollo económico, al canalizar inversiones hacia el sector productivo y el mercado de capitales, así como su aporte en la mejora de las jubilaciones mediante un complemento al régimen administrado por el Banco de Previsión Social (BPS). En su exposición, la economista fue enfática en cuestionar eventuales cambios que alteren la relación entre afiliados y administradoras. “No hay un solo argumento técnico para quitar esa relación que funciona y funciona bien”, afirmó, al tiempo que atribuyó las críticas al sistema a razones de carácter ideológico.
También advirtió que una eventual estatización podría debilitar los mecanismos de control y cercanía con los afiliados, además de concentrar riesgos en la gestión pública de los fondos. El encuentro se realizó en un momento clave, en paralelo a las definiciones del diálogo social sobre el sistema de protección social, cuyo informe final será elevado al Poder Ejecutivo a fines de abril.
En ese escenario, los especialistas coincidieron en la necesidad de discutir eventuales reformas, pero sin afectar los fundamentos del sistema actual. Entre las alternativas planteadas, se mencionó la posibilidad de mejorar las opciones al momento del retiro y ampliar instrumentos previsionales, en lugar de modificar la estructura de administración del ahorro.



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