El gobierno de Yamandú Orsi enviará al Parlamento un proyecto de ley interpretativo de la Constitución para reconocer como nacionales uruguayos a los ciudadanos legales, una iniciativa que busca resolver una problemática que afecta desde hace décadas a personas nacidas en el extranjero que adquirieron la ciudadanía y que actualmente enfrentan dificultades para obtener documentos de viaje.
El gobierno impulsa una ley para que los ciudadanos legales sean reconocidos como uruguayos
Jorge Díaz anunció que el proyecto llegará al Parlamento la próxima semana y permitirá avanzar hacia la igualdad de derechos entre ciudadanos naturales y legales.
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Jorge Díaz anunció que el gobierno impulsará un proyecto de ley para que los ciudadanos legales sean naturales.
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, anunció este viernes 9 de octubre, durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, que la propuesta será firmada en el Consejo de Ministros del lunes 12 y posteriormente remitida al Parlamento.
“Para nosotros, es un tema de derechos humanos”, sostuvo el jerarca, quien explicó que el objetivo es establecer una interpretación constitucional que garantice el reconocimiento de la nacionalidad uruguaya tanto a los ciudadanos naturales como a los legales.
La iniciativa surgió a partir de un derecho de petición presentado por organizaciones sociales que reclamaban una solución a los problemas derivados de la interpretación actual de los conceptos de nacionalidad y ciudadanía, particularmente en lo referido a la expedición de pasaportes.
Díaz también adelantó la decisión a través de su cuenta de X, donde aseguró que el gobierno busca terminar con “una injusticia que afecta desde hace décadas a miles de compatriotas que eligieron nuestro país para vivir y construir su futuro”.
Qué cambiará para los ciudadanos legales
La Constitución distingue actualmente entre dos categorías: los ciudadanos naturales, que son quienes nacieron en el territorio nacional o son hijos de ciudadanos naturales nacidos en el extranjero, y los ciudadanos legales, que son aquellas personas nacidas fuera del país que posteriormente adquirieron la ciudadanía uruguaya.
Para abordar esta situación, el gobierno consultó a los constitucionalistas Ruben Correa Fleitas y Martín Risso, quienes recomendaron elaborar una ley interpretativa que establezca que ambas categorías deben ser reconocidas como nacionales uruguayos.
La propuesta mantiene la distinción constitucional entre ciudadanía natural y legal, pero busca evitar que esa diferencia implique un tratamiento desigual en el reconocimiento de la nacionalidad. “Esto soluciona un problema real que tiene hoy un conjunto importante de compatriotas que tienen ciudadanía legal y no son reconocidos como nacionales uruguayos. Es un tema de interpretación de la Constitución, una interpretación evolutiva en clave de derechos humanos”, explicó Díaz.
El jerarca advirtió que algunos ciudadanos legales se encuentran en una situación especialmente compleja porque sus países de origen no reconocen la doble nacionalidad, lo que puede obligarlos a renunciar a su nacionalidad anterior y dejarlos prácticamente en una situación de apatridia.
“Es una obligación del Estado uruguayo resolver este tema de una forma justa y con un criterio de igualdad entre ciudadanos naturales y legales”, afirmó.
El proyecto también contempla a los menores de edad
Otro de los aspectos centrales de la iniciativa está relacionado con los menores de edad, cuya situación será abordada específicamente en el artículo 2 del proyecto. Según explicó Díaz, se habilitará a los menores a acceder a la Carta de Ciudadanía mediante sus representantes legales, con la condición de que posteriormente ratifiquen esa decisión cuando alcancen la mayoría de edad.
El gobierno considera que esta disposición permitirá resolver otra de las dificultades que enfrentan las familias vinculadas al régimen de ciudadanía legal. Antes de anunciar la iniciativa, Díaz mantuvo reuniones con los peticionantes y con representantes de la organización Todos Somos Uruguayos, quienes recibieron favorablemente la decisión del Ejecutivo.
El prosecretario insistió en que la propuesta cuenta con respaldo de especialistas en derecho constitucional y que su finalidad es avanzar hacia una interpretación que reconozca la igualdad entre los ciudadanos sin eliminar las categorías establecidas en la Carta Magna.
