El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, encabezó este martes una reunión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico, con el objetivo de analizar el caso de Pablo Leiva, el asesor del edil del Partido Nacional (PN) condenado por lavar dinero: "No funcionaron las alertas que debieron funcionar", consideró.
Alertas que no funcionaron y riesgos a incorporar, el diagnóstico de la comisión de Lavado de Activos
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, explicó que se hizo un análisis de la estrategia nacional de riesgo del 2023 y que se propondrán modificaciones.
-
Suspendieron por dos años al edil del Partido Nacional que contrató a un asesor condenado por lavado de activos
-
El gobierno convoca a la comisión de Lavado de Activos y suma presión al financiamiento de partidos políticos
Alertas que no funcionaron y riesgos a incorporar, el diagnóstico de la comisión de Lavado de Activos.
La reunión, convocada la semana pasada por el jerarca del Ejecutivo, tuvo como trasfondo el escenario derivado de la Operación Trazador, que culminó con tras personas condenadas por lavado de activos y tráfico de municiones —en una posible vinculación al narcotráfico—; una de las cuales es Leiva, exasesor del edil blanco e integrante de la Junta Departamental de Montevideo (JDM), Gonzalo Gómez. A modo de balance tras el encuentro, Díaz aseguró que "no funcionaron las alertas que debieron funcionar", en referencia a los locales de pagos y al "uso de grandes cantidades de dinero en billetes de baja denominación".
Una revisión de las políticas contra el lavado de dinero
“Se hizo un análisis de la estrategia nacional de riesgo, aprobada en el año 2023, y que no contempla algunos riesgos que se vieron, aparentemente explicitados en los hechos de pública notoriedad, por ejemplo la utilización de redes de pago que no están incluidas en la valoración nacional de riesgo”, explicó el prosecretario de la Presidencia, en rueda de prensa.
En ese sentido, agregó que se llevaron "como deberes" el trabajar sobre una modificación de la evaluación nacional de riesgo de Uruguay, para incluir aspectos que hoy no forman parte de las consideraciones y alertas, y que van más allá del uso de mucho dinero para pagar cuentas, con billetes de 100 y 200 pesos, como hacía Leiva en un local de pagos. “El no desarrollo de una investigación conjunta del delito precedente y el delito de lavado, eso es una acción concreta que sí está prevista en la estrategia y que lamentablemente en este caso concreto, por la información de origen público, no se ha cumplido, y por otro es un reclamo que ha hecho el Ministerio del Interior desde el primer día que se configuró la comisión”, apuntó Díaz.
El edil del Partido Nacional, suspendido por dos años
Por su parte, el Directorio del Partido Nacional resolvió por unanimidad desvincular durante dos años al edil Gómez, que también deberá devolver a la JDM todo el dinero que le pagó a Leiva durante diez meses, sin que este cumpliera tareas.
El presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, informó la decisión en una conferencia de prensa este lunes, tras explicar que el caso había sido derivado a la Comisión de Ética del partido a pedido del propio Gómez. Según la resolución, la suspensión responde "a la valoración ética efectuada por la comisión respecto a la contratación de un asesor con fondos públicos sin que se verificara el cumplimiento de las tareas correspondientes", y establece que, mientras dure la medida, el edil "debería apartarse del ejercicio del cargo".
