El gobierno busca concretar a la brevedad la compra de una patrulla oceánica (OPV) tras la rescisión del contrato con el astillero español Cardama y en medio de la polémica al respecto que ya se dirime en el plano judicial local e internacional.
Corea del Sur aparece como el candidato más firme a ser proveedor de la OPV, bajo un esquema de Estado a Estado y con un costo de u$s 100 millones.
El gobierno se apresta a concretar la compra de una patrulla oceánica, en medio del caso Cardama.
El gobierno busca concretar a la brevedad la compra de una patrulla oceánica (OPV) tras la rescisión del contrato con el astillero español Cardama y en medio de la polémica al respecto que ya se dirime en el plano judicial local e internacional.
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El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, confirmó que el gobierno trabaja con "un plan concreto de acción" para la adquisición de una patrulla tipo OPV para la Armada Nacional, luego del fallido negocio con Cardama; y que el mismo podría llevar a un anuncio público sobre la nueva compra entre octubre y noviembre. Ciertamente, la proyección oficial es poder cerrar el año con un nuevo contrato, esta vez por una única unidad destinada al patrullaje y defensa de las aguas uruguayas.
Si bien evitó hablar del caso Cardama en específico, señalando la existencia de un litigio civil, un arbitraje internacional y denuncias penales del gobierno, Díaz aseguró que "no cabe absolutamente ninguna duda de que la garantía presentada era falsa, una garantía trucha", mientras que el otro respaldo presentado por el astillero tampoco cumplía con los requisitos del contrato. Este es el principal argumento del Poder Ejecutivo, no solo para haber finalizado unilateralmente el vínculo contractual, sino también para perseguir el resarcimiento económico correspondiente por los perjuicios ocasionados.
En ese sentido, el jerarca insistió en que "el Estado uruguayo fue estafado", y apuntó a un ahorro de entre 50 y 60 millones de dólares por la rescisión del contrato, que se suman a un 28 millones de dólares que Uruguay ya había pagado a Cardama y que, ahora, busca recuperar.
El gobierno viene analizando propuestas de potenciales proveedores de las nuevas patrullas oceánicas desde hace algunos meses, con alternativas de Colombia —Cotecmar, con el diseño OPV-93—, Francia —a través de Naval Group y el astillero Kership— y Corea del Sur —representada por HD Hyundai Heavy Industries con el modelo HDP-2200— como principales.
Sin embargo, en el "plan de acción" del Ejecutivo, por el momento es la propuesta coreana la que se posiciona más firme para la compra de lo que, finalmente, será una única patrulla; entendiendo que la prioridad es resolver una de las necesidades operativas de la Armada de la manera más rápida posible. De este modo, la intención oficial es que la operación se concrete antes del fin de año y bajo un esquema Estado a Estado, aunque sin descartar la posibilidad de que participe un astillero especializado en la construcción del buque.
En cuanto al costo, las cifras actuales estimadas rondan los 100 millones de dólares, si bien el monto definitivo dependerá de la características de la OPV, el equipamiento que incorpore y la condiciones de contratación.