El titular del Instituto Nacional de Colonización (INC), Alejandro Henry Rodríguez, opinó sobre la ley de Tierras que se disputa en Argentina —impulsada por el gobierno de Javier Milei y muy cuestionada por la mayor posibilidad de ventas de tierras a extranjeros— y aseguró que resulta preocupante en caso de que se aplique en el Uruguay.
El gobierno se distancia de la ley de Tierras en Argentina: "Una multinacional puede comprar el Uruguay de un martillazo"
El presidente del Instituto Nacional de Colonización opinó sobre el proyecto de ley del gobierno de Javier Milei que no consiguió mayoría en el Senado argentino.
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El presidente del INC aseguró que, en caso de que se aplique en Uruguay la modificación de la ley de Tierras argentina, sería preocupante.
Actualmente Uruguay tiene un total de 16 millones de hectáreas productivas, de las cuales 8,7 millones pertenecen a manos uruguayas, mientras que hay medio millón de hectáreas en manos extranjeras y de sociedades anónimas cuyo origen no se conoce. En ese sentido, Rodríguez explicó que el mayor riesgo de la extranjerización de las tierras parte de que el 80% de sus ingresos provienen del campo.
"Hoy día, una multinacional puede comprar el Uruguay de un martillazo", recalcó el presidente del INC, aunque aclaró que eso sería en casos extremos. Respecto a la posibilidad de que extranjeros compren tierras uruguayas —una realidad que ya sucede—, Rodríguez explicó que es un riesgo en relación con los objetivos que tienen esos compradores con las tierras, que podrían ir en contra del diseño que tiene como país. "En general, tenemos un diseño que resolvemos a lo uruguayo", comentó en diálogo con Canal 5.
¿De qué trata la ley de Tierras argentina?
El proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" presentado por el gobierno de Javier Milei que, entre sus puntos más polémicos, modifica la ley de Tierras para eliminar los límites a la venta en manos de extranjeros, pasó su votación para comienzos de agosto luego de no haber logrado las adhesiones suficientes para su aprobación en el Senado.
Uno de los cambios centrales es la eliminación del límite nacional que impide que personas o empresas extranjeras sean propietarias de más del 15% de las tierras rurales del país. También se eliminarían los topes por nacionalidad y el máximo de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, restricciones que hoy establece la legislación vigente.
La iniciativa mantiene la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales, aunque incorpora una excepción: podrán hacerlo si la autoridad de aplicación considera que la operación no representa un riesgo para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional. Ese punto es uno de los más cuestionados por la oposición, que reclama mayores controles parlamentarios sobre esas autorizaciones.
El oficialismo sostiene que la reforma permitirá atraer inversiones y dinamizar el sector agropecuario al flexibilizar las condiciones para el ingreso de capitales. En cambio, sectores opositores advierten que la eliminación de los límites podría favorecer una mayor extranjerización de la tierra y generar riesgos sobre el control de recursos naturales considerados estratégicos.
