Mientras dirime la cuestión judicial con Cardama, el Ejecutivo ultima detalles para presentar su primera oferta.
Uruguay busca comprarle tres OPV al Reino Unido por unos 69 millones de dólares.
El gobierno avanza por la compra de tres patrullas oceánicas (OPV) al Reino Unido, en el marco de la necesidad de avanzar en la custodia del mar uruguayo luego de la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, que incluye un juicio entre la empresa y el Estado.
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El presidente Yamandú Orsi había anticipado que el interés de Uruguay era avanzar con una compra entre Estados y meses atrás el Poder Ejecutivo había enviado una delegación de la Armada a suelo británico para evaluar los buques. Esta operación responde a esa estrategia, que podría derivar en un desembolso cercano a 60 millones de euros (casi 70 millones de dólares).
Las embarcaciones en cuestión son HMS Tyne, HMS Mersey y HMS Severn, correspondientes a la primera generación de la clase River de la Royal Navy, cada una con un valor estimado en 20 millones de euros y, al ser usadas, con una vida útil de alrededor de 25 años.
Esta búsqueda de adquirir las OPV en la flota británica está vinculada en “la posibilidad de tener rápidamente” las embarcaciones, admitió el prosecretario Jorge Díaz en declaraciones realizadas días atrás a Teledoce.
En ese sentido, se espera que esta semana el Ejecutivo presente una nota a la embajada del Reino Unido confirmando el interés, aunque en el gobierno aclaran que no es la única opción que se baraja. Sin embargo, parece decisión tomada la idea de una compra “de Estado a Estado”, desestimando una nueva licitación internacional, como ocurrió con Cardama.
El gobierno rescindió oficialmente el contrato con Cardama el pasado 13 de febrero, aludiendo razones contractuales y jurídicas, tras lo cual comenzó una puja judicial de la firma española contra el Estado uruguayo.
El astillero desistió meses atrás de la conciliación y llevó el conflicto a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, algo que en el Ejecutivo consideran improcedente, ya que aluden que ese sería un ámbito si la finalización del contrato hubiera obedecido a razones técnicas y no a las garantías, motivo por el cual el conflicto debería dirimirse en los tribunales de Montevideo.
“Manejamos dinero público, se le entregaron 28 millones de euros y no sabemos en qué se gastaron. ¿Dónde están? En lo construido seguro que no”, cuestionó días atrás Díaz, quien anticipó que la administración prepara una demanda judicial por la devolución de los fondos entregados, así como daños y perjuicios.