El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, confirmó que representantes del Ministerio de Defensa viajarán a Londres para inspeccionar tres embarcaciones del Reino Unido que serán subastadas en los próximos meses, mientras el gobierno continúa evaluando alternativas tras el conflicto con el astillero español Cardama.
El gobierno envía una delegación al Reino Unido para analizar la compra de tres OPV tras conflicto con Cardama
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, confirmó que una delegación viajará a Londres para evaluar las embarcaciones que serán subastadas.
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El gobierno analiza retirar las estructuras ya construidas por Cardama mientras le abre las puertas al Reino Unido.
El anuncio fue realizado por Díaz al referirse al estado de situación de la adquisición de patrullas oceánicas para la Armada Nacional, una compra estratégica para reforzar el control y la vigilancia del mar uruguayo. Según explicó, el ofrecimiento realizado por el Reino Unido es actualmente la opción “más avanzada” que maneja el Poder Ejecutivo, aunque aclaró que todavía no existe una resolución definitiva.
Las embarcaciones británicas se encuentran en una parada técnica y serán subastadas entre agosto y setiembre. En ese contexto, una delegación de la Armada Nacional y del Ministerio de Defensa viajará para evaluar el estado operativo de las naves. “Eso es lo más inmediato, pero seguimos analizando también otras opciones”, sostuvo Díaz al ser consultado sobre el proceso de compra.
El jerarca remarcó que el objetivo del gobierno es que Uruguay pueda contar con patrullas oceánicas al finalizar el actual gobierno, luego de las dificultades surgidas con el contrato firmado con el astillero español.
La "invitación" de Cardama para retirar lo hecho
El caso Cardama continúa siendo uno de los problemas que afronta la actual gestión. Díaz señaló que el gobierno mantiene contactos con abogados en España y trabaja junto al Ministerio de Defensa para definir los próximos pasos respecto a lo ya construido por el astillero. "Vamos a seguir trabajando y yo supongo que en los próximos días va a haber una resolución", sostuvo.
Además, confirmó que la empresa española realizó una “invitación” para que el Estado uruguayo retire las estructuras construidas hasta el momento. El prosecretario aclaró que no se trata de una intimación formal, aunque reconoció que el gobierno analiza la posibilidad de concretar ese retiro en el corto plazo.
En este sentido, el jerarca resaltó que lo construido "pertenece al Estado uruguayo por contrato" y destacó que "el contrato establecía expresamente que, en caso de rescisión, podía reclamar todo el dinero que hubiera invertido hasta ese momento. Lo que se hubiera construido, más los daños y perjuicios. Eso es lo que el Estado uruguayo pretende reclamar".
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