El Instituto Nacional de Colonización postergó 10 días la definición en la polémica compra de la estancia María Dolores

El directorio, liderado por el nuevo presidente, evaluará en profundidad las observaciones hechas por el Tribunal de Cuentas al proceso.

El cmpo María Dolores en Florida.

Foto: INC

El directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) postergó por diez días la resolución de la polémica compra de la estancia María Dolores en Florida, anunciada por el gobierno durante el funeral del expresidente José Mujica.

"Vamos a postergar por diez días la firma de la compra para analizar más profundamente las observaciones que hizo el tribunal y tener más certeza de lo que estamos haciendo", comentó el nuevo presidente del INC, Alejandro Henry Rodríguez, quien asumió en reemplazo de Eduardo Viera, que renunció por la incompatibilidad por su calidad de colono.

"En principio se va a reiterar el gasto, lo que faltaría es ajustar informes", dijo en una conferencia de prensa y agregó que, si bien no hubo votación, "hubo acuerdo entre todos para postergarlo”. "Era razonable para tener más certeza jurídica", subrayó.

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó esta semana, por mayoría, la compra de la estancia por 32,5 millones de dólares por parte de Colonización para dedicarla a tamberos en honor al difunto presidente Mujica.

Por su parte, el director por el Partido Colorado (PC), Luca Manassi, aseguró que espera que haya un cambio de opinión durante el periodo de diez días. "Lo que el Tribunal de Cuentas observó son cuestiones legales que atañen al negocio, por eso se decidió tomarse más días para estudiar estos temas", explicó.

"Esperamos que estos días de estudio y reflexionamiento lleven a desistir del negocio de María Dolores por la ilegalidad que observa el Tribunal de Cuentas de la República", señaló.

El TCR detectó cuatro observaciones que ponen en entredicho la legalidad y transparencia de la compra de 4.404 hectáreas de campo en el departamento de Florida. Entre ellas, el tribunal apuntó al corazón del proceso decisorio.

Según la normativa vigente, al tratarse de una compra directa, la ley de Colonización establece de manera taxativa que la adquisición de tierras debe ser aprobada con los votos de cuatro de los cinco miembros del Directorio de Colonización. Esta exigencia legal no habría sido cumplida, lo que plantea interrogantes sobre la validez jurídica de la operación.