El ministro comentó que el proyecto comenzó durante el último gobierno del FA, siguió con la gestión anterior y espera que se termine de aprobar en 2026.
Edgardo Ortuño aseguró que el gobierno quiere aprobar la ley de delitos ambientales este año.
El titular del Ministerio de Ambiente (MA), Edgardo Ortuño, aseguró que el gobierno tiene como objetivo aprobar la ley de delitos ambientales este año, un proyecto que data de la última gestión del Frente Amplio (FA) y que siguió hasta la de Luis Lacalle Pou, donde consiguió media sanción.
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De esta manera, el jerarca remarcó las intenciones del gobierno de terminar de darle la media sanción que queda a la ley. "Uruguay encaró el desafío de ampliar el sistema de multas y respuestas administrativas ante vulneraciones a nuestros ecosistemas y la naturaleza, pero tiene pendiente la determinación e inclusión en el Código Penal de un capítulo de delitos ambientales", remarcó Ortuño.
"En la gestión pasada se avanzó con base en aportes del gobierno anterior, liderados por el entonces ministro de Ambiente, que recogió aportes de legisladores del Partido Nacional (PN) con base en un proyecto originalmente del Frente Amplio. Eso permitió que tuviera media sanción y que el PN, el Partido Colorado (PC) y el FA aprobaran en el Senado una norma que finalmente —y lamentablemente— no se aprobó en Diputados", explicó el titular del MA, en diálogo con Radio Montecarlo, respecto al camino legislativo que atravesó la ley.
En ese sentido, el titular del MA aseguró que este gobierno tiene como objetivo aprobar la ley este año. "Nosotros asumimos el desafío y planteamos a todo el sistema político que este 2026 Uruguay consagre finalmente una ley de delitos ambientales que plantea tres capítulos fundamentales", remarcó Oroño.
Entre ellos, se encuentra el de "Delitos contra la biodiversidad", con agravantes cuando esto sucede en áreas protegidas del país. Por otro lado, están "Delitos de contaminación" y "Delitos contra la gestión ambiental", como, por ejemplo, brindar información falsa o impedir las acciones de contralor de la autoridad competente.
El proyecto obtuvo la media sanción en la Cámara de Senadores en junio de 2023 con la gestión de Luis Lacalle Pou. El mismo está compuesto por 13 artículos que establecen penas por delitos ambientales por contaminación del agua, del aire y de los suelos por residuos, sustancias o desechos peligrosos, entre otros. La iniciativa estima penas de entre 6 meses a 8 años en penitenciaría.