El Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay vuelve a adeudar salarios a trabajadores tercerizados y aumenta el conflicto sindical

El gremio se declaró en asamblea permanente y advierte que la extensión de las tercerizaciones hacia el interior del país agravó los retrasos en los cobros.

El Ministerio de Desarrollo Social debe salarios y prestaciones sociales.

Trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) denunciaron que continúan sin percibir su salario correspondiente al mes de julio y que la situación afecta a unos 500 empleados en todo el país.

El dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), Diego Andrada, explicó a radio Montecarlo que la organización sindical se encuentra "en asamblea permanente desde febrero" por los sucesivos atrasos en los pagos.

Andrada precisó que se trata del cuarto atraso salarial que sufren los trabajadores tercerizados durante la actual administración y el segundo de magnitud registrado en lo que va del año. Según relató, los retrasos en el cobro de sueldos comenzaron desde que existe el esquema de tercerización en el organismo. "Siempre que hubo tercerización hubo atraso porque la propia tercerización implica que nosotros los trabajadores no tengamos asegurado el salario nunca, porque dependemos de que la organización rinda bien o de aspectos burocráticos que tiene que ver con el Mides", sostuvo el dirigente gremial.

El sindicalista agregó que el primer atraso de esta gestión se produjo en junio del año pasado y que desde entonces el conflicto se mantiene abierto con negociaciones tanto bipartitas como tripartitas a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). "Al sindicato ya le parece que es grave que estemos a un año y casi tres meses del conflicto. Nos parece bien el diálogo, pero necesitamos una solución definitiva a esto", remarcó Andrada.

Programas de discapacidad y violencia de género, entre los afectados

Andrada señaló que los atrasos no se limitan a un solo servicio, sino que alcanzan a programas vinculados a discapacidad y al servicio de atención a situaciones de violencia basada en género, además de los dispositivos de atención a personas en situación de calle. El dirigente indicó que "en el interior del país hay trabajadores sin cobrar" y mencionó específicamente a compañeros de Rocha, Florida, Maldonado y "casi todos los departamentos".

El sindicalista explicó que la extensión de la tercerización al interior del país agravó el conflicto, en momentos en que la situación de calle también se intensificó fuera de Montevideo. Como consecuencia, el pasado viernes los trabajadores realizaron un paro nacional de 24 horas, que en un principio iba a estar acompañado de una movilización, finalmente suspendida por las condiciones climáticas.

Andrada afirmó que los trabajadores del sector "están cansados" tras meses de reclamos y que ya se tomaron medidas en distintos dispositivos del Mides que registran atrasos. No descartó que se resuelvan nuevas medidas de fuerza y mencionó que algunos compañeros ya realizaron paros sorpresivos en sus lugares de trabajo.

El sindicato plantea un fideicomiso como salida al conflicto

Consultado sobre los canales de negociación con las autoridades, Andrada afirmó que "siempre" existió diálogo con el Mides, incluso antes de que asumiera la actual conducción del ministerio, y que ya en ese entonces se había planteado la problemática de los trabajadores tercerizados. Contó que el sindicato llegó a exponer la situación ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, donde según indicó había representantes de todos los partidos políticos "preocupados" por el tema.

El dirigente remarcó que la salida que impulsa el sindicato pasa por la presupuestación del sector, una alternativa que las autoridades ya les habrían señalado como inviable durante este período de gobierno. Ante ese escenario, Sutiga propone como opción intermedia la creación de un fideicomiso que garantice el pago de los salarios, un mecanismo que según Andrada ya se aplicó con otros sindicatos, como los trabajadores de Plan Ibirapitá, para casos en los que una de las organizaciones tercerizadas rinde mal y se le corta el flujo de dinero desde el ministerio.

"Necesitamos una solución definitiva a esto porque no puede ser que los trabajadores que trabajamos con las personas más vulnerables de este país no tengamos asegurado nada", sentenció el dirigente, quien calificó al suyo como "un sector altamente precarizado" y remarcó que el reclamo salarial es, a esta altura, "un tema de Estado".