El proyecto de ley será presentado por el diputado Felipe Schipani para "fortalecer la transparencia y la responsabilidad en la función pública".
El Partido Colorado busca que los políticos presenten "libre deuda" para ejercer cargos.
El diputado del Partido Colorado (PC) Felipe Schipani anunció que en los próximos días presentará un proyecto de ley para "fortalecer la transparencia y la responsabilidad en la función pública, exigiendo que todas las personas que asuman cargos políticos o de particular confianza presenten certificados de libre de deuda", según sostiene la exposición de motivos en la iniciativa.
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Los casos de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Cecilia Cairo, y del actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim —en los que ambos presentaron irregularidades impositivas y deudas con el fisco relacionadas a sus propiedades—, generaron revuelo no solo a nivel político sino también a nivel de la opinión pública.
Por ese motivo, Schipani —que también integra el directorio del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado—, presentará un proyecto de ley que establece que quienes ocupan y ocupen cargos públicos deban presentar un certificado de libre deuda, acreditando tener en regla sus obligaciones con la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS), el Impuesto de Primaria y el Fondo de Solidaridad.
Para ello tendrán 60 días desde su asunción —o desde la entrada en vigencia de la ley, en caso de aprobarse—; y, en caso de no hacerlo, se les retendrán los haberes hasta que regularicen su situación.
"Estoy convencido de que quien administra recursos públicos debe dar el ejemplo y estar al día con sus obligaciones ante el Estado. Esta es una medida mínima, pero firme, para recuperar la confianza ciudadana en la política y reafirmar el valor de la responsabilidad pública", explicó el diputado colorado.
El proyecto de ley que presentará Schipani tiene como objetivo principal "promover la transparencia, la responsabilidad fiscal y la ejemplaridad en el ejercicio de la función pública", y para ello propone establecer "como requisito obligatorio la presentación de certificados que acrediten estar al día con las obligaciones tributarias y contributivas por parte de quienes ocupan cargos políticos o de particular confianza".
Esto se apoya en lo que el diputado señala como una exigencia de la ciudadanía de que los funcionarios públicos y quienes toman decisiones en nombre del Estado y administran recursos públicos "cumplan sus deberes como contribuyentes".
"No es admisible que se legisle, se gestione o se administre desde el incumplimiento de obligaciones básicas para con el país. Esta ley apunta, por tanto, a garantizar una coherencia mínima entre la responsabilidad pública que se asume y el cumplimiento de las obligaciones personales con el Estado", expresa el texto.
La medida abarcará a "toda persona que asuma un cargo político o de particular confianza en cualquier organismo del Estado, Administración Central, Poder Judicial, Poder Legislativo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales y Personas Públicas No Estatales"; y supone la obligatoriedad de presentar dentro de los primeros 60 días tras la asunción certificados de acrediten no tener deudas exigibles con la DGI, el BPS y las administraciones departamentales.
En caso de no cumplir el requisito, el proyecto establece una sanción clara en la retención de haberes, lo que otorga a la ley carácter operativo y efectivo, evitando que se convierta en una mera declaración sin consecuencias prácticas. Mas no propone el desplazamiento del cargo de quien esté en incumplimiento.
Por otra parte, aclara que "quienes se encuentren en proceso de regularización de deudas mediante convenios vigentes y al día con los pagos correspondientes podrán acreditar dicha circunstancia mediante constancia emitida por los organismos respectivos, la cual se considerará equivalente al certificado de libre de deuda".
El proyecto también establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo de 90 días desde su aprobación.
"En un contexto de desconfianza hacia la política, esta medida contribuirá a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes, elevando los estándares de integridad pública y reforzando la cultura del cumplimiento", argumentó Schipani.
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