La senadora Graciela Bianchi acusó al Ejecutivo por "falta de transparencia" y aseguró que "está destruyendo el prestigio internacional".
La senadora del Partido Nacional (PN), Graciela Bianchi, realizó pedido de acceso a la información pública por el caso Cardama.
La senadora del Partido Nacional (PN), Graciela Bianchi, anunció que pedirá informes a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa para conocer en detalle las negociaciones que el gobierno mantiene con el astillero español Cardama, luego de que el Poder Ejecutivo resolviera denunciar penalmente a la empresa por presuntas irregularidades en la construcción de dos patrullas oceánicas.
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En una publicación en la red social X, la legisladora afirmó que el análisis que realiza el gobierno “está teñido de oscurantismo y secretismo”, y criticó que existan informes solicitados por el Ejecutivo a la Universidad de la República (Udelar) con carácter confidencial. “La ciudadanía está molesta porque todo este proceso de Cardama está teñido de oscurantismo, secretismo y hasta informes confidenciales”, sostuvo, y agregó que la oposición quiere saber “todo lo que se está haciendo en esta mala operación llevada adelante por el gobierno, destruyendo el prestigio internacional del país y gastando nuestro dinero”.
Cardama fue contratada durante el gobierno anterior, encabezado por Luis Lacalle Pou, y el acuerdo había sido anunciado junto al entonces ministro de Defensa, Javier García. Tras la decisión del actual Ejecutivo de avanzar con una denuncia por presunto “fraude”, Bianchi cuestionó la forma en que se está manejando el proceso y denunció "falta de transparencia".
La senadora también remarcó que, de acuerdo a la Constitución, las negociaciones deben ser llevadas adelante por el Ministerio de Defensa junto con el presidente de la República. En ese marco, cuestionó el rol del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y señaló que estaría actuando fuera de sus competencias, por lo que reclamó explicaciones formales tanto al MDN como a Presidencia.
En declaraciones a Canal 5, la senadora explicó que el pedido de informes apunta a esclarecer quién está conduciendo las negociaciones y tomando decisiones sobre los contratos. “Pregunto al Ministerio de Defensa y a Presidencia, porque no sé quién está manejando la situación, todo lo que se refiere a los nuevos contratos”, afirmó. También cuestionó la contratación de "una empresa certificadora similar a Lloyd’s Register, sin que se haya discutido públicamente su informe ni los motivos de esa decisión".
Además, Bianchi señaló que solicitó información —amparándose en el artículo 70 de la Constitución— sobre las negociaciones mantenidas con Cardama a través del abogado Gonzalo Fernández, quien representa a la empresa. Según indicó, hubo al menos tres reuniones, en una de las cuales habría participado el presidente de la República, y en ese marco Cardama habría ofrecido un depósito en efectivo para sustituir la garantía contractual. “Tenemos entendido que el Poder Ejecutivo no respondió. Voy a esperar la respuesta”, sostuvo.
Mientras tanto, desde el gobierno se difundieron imágenes que mostrarían defectos técnicos en la construcción de las patrullas oceánicas encargadas a Cardama. Según se informó, las fotografías evidencian módulos ensamblados de forma irregular, vías con curvas y escaleras que no cumplirían con la normativa vigente.
El proceso de certificación de las embarcaciones está a cargo de la empresa belga Bureau Veritas, contratada por Uruguay para homologar las OPV. El país ya había recurrido anteriormente a Lloyd’s Register, y actualmente la certificadora trabaja con dos observadores que siguen de cerca la construcción desde la ciudad de Vigo, en España.
Al referirse a las acusaciones contra Cardama, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, anticipó una nueva ampliación de la denuncia contra el astillero. "Probablemente venga esta semana, antes de la feria judicial", sostuvo el jerarca y advirtió que el Ejecutivo "da pasos administrativos" para llegar finalmente a la rescisión del contrato.
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