Desarrolladores privados solicitaron alivios del IVA para obras medianas, mientras el Gobierno propuso captar ahorro de uruguayos en el exterior para financiar proyectos de gran escala.
El sector de la Construcción genera unos 56.000 empleos directos y concentra en Montevideo y Maldonado la mitad de las horas trabajadas.
La industria de la construcción comienza a mostrar señales de recuperación después de varios años de estancamiento, aunque enfrenta desafíos vinculados a la productividad, la seguridad laboral, los costos y la necesidad de impulsar nuevas inversiones.
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Estos fueron algunos de los principales temas abordados durante la celebración del Día de la Construcción, realizada en el Club de Golf del Uruguay, con la participación de representantes empresariales y autoridades del gobierno.
El encuentro contó con las intervenciones del presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Alejandro Ruibal; el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), Alfredo Kaplan; y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Los tres destacaron el papel estratégico del sector para el desarrollo económico del país, aunque pusieron el foco en distintos desafíos de la actividad.
Ruibal destacó la importancia de una industria que genera unos 56.000 empleos directos y cuyo impacto se amplía al considerar las actividades vinculadas. Según explicó, la construcción moviliza empresas, servicios, profesionales y trabajadores en todo el territorio nacional, a través de sus encadenamientos productivos.
En cuanto a la distribución territorial, señaló que Montevideo concentra aproximadamente el 30% de las horas trabajadas, Maldonado el 20%, Canelones el 10% y el restante 40% corresponde al resto del país.
El titular de la CCU sostuvo que, después de tres años sin recuperar dinamismo, la actividad comenzó a mostrar señales positivas en los últimos dos trimestres. "Ya hace dos trimestres, en particular el último, cambió la tendencia y tenemos un crecimiento positivo", afirmó. Ruibal también destacó el acuerdo laboral alcanzado recientemente en el sector, que incorpora una reducción de la jornada a 40 horas semanales, mecanismos de flexibilidad para distribuir el tiempo de trabajo y herramientas orientadas a mejorar la productividad. A su juicio, el convenio demuestra que es posible alcanzar acuerdos entre empresarios y trabajadores cuando se priorizan objetivos compartidos.
Ruibal identificó la productividad y la seguridad laboral como dos de los principales retos de la industria. En materia de prevención de accidentes, realizó una autocrítica sobre el desempeño del país y reclamó un mayor compromiso de todos los actores involucrados.
“Somos el peor de la clase. Uruguay es muy bueno en muchas cosas, pero estamos muy mal en seguridad”, expresó. El empresario sostuvo que la responsabilidad de generar condiciones seguras comienza en las empresas y en quienes organizan y planifican las obras, aunque también requiere la participación de los trabajadores.
Durante su intervención, Ruibal presentó una agenda de cuatro iniciativas para fortalecer la industria y mejorar la planificación de las inversiones. La primera consiste en impulsar la creación de una Agencia de Infraestructura, cuya puesta en funcionamiento, según estimó, podría concretarse en marzo de 2027. En ese sentido, consideró que la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) podría constituir una plataforma institucional adecuada para llevar adelante la iniciativa.
La segunda propuesta apunta a crear en Uruguay un organismo privado inspirado en el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) de Chile. La idea es reunir a empresarios, especialistas, académicos y exautoridades para formular políticas de infraestructura de largo plazo y trasladarlas al gobierno. Ruibal adelantó que también se buscará avanzar con esta iniciativa en marzo del próximo año.
Las otras dos propuestas están vinculadas a la internacionalización de la industria, mediante la exportación de proyectos de desarrollo inmobiliario y de servicios de construcción, aprovechando las capacidades técnicas y empresariales acumuladas en el país.
El presidente de la CCU también planteó la necesidad de continuar discutiendo con el gobierno los mecanismos de ajuste de precios de las obras, conocidos como paramétricas. "Con las paramétricas sí vamos a seguir discutiendo", afirmó, aunque aclaró que la intención es mantener un diálogo constructivo que permita alcanzar soluciones beneficiosas para el conjunto de la economía.
Por su parte, Kaplan centró buena parte de su intervención en los precios de los inmuebles y la competitividad de los proyectos inmobiliarios. El empresario sostuvo que Uruguay presenta precios elevados en dólares en numerosos bienes y servicios, pero advirtió que las comparaciones pueden resultar distorsionadas si no se considera la evolución del tipo de cambio frente a la inflación.
Como ejemplo, recordó que cuando se creó la unidad indexada, en 2002, el dólar cotizaba aproximadamente a 16 pesos, mientras que actualmente se ubica en torno a los 40 pesos. En cambio, la unidad indexada pasó de un peso a aproximadamente 6,65 pesos. A partir de esa comparación, argumentó que el aumento de los precios de las viviendas expresados en dólares no necesariamente refleja un encarecimiento equivalente en términos reales.
"Si uno compara en otra moneda los precios de los inmuebles, por ejemplo en unidades indexadas, en siete u ocho años prácticamente se han mantenido constantes, y los alquileres también", explicó. Kaplan consideró que esta diferencia es relevante para evaluar la evolución del mercado inmobiliario y evitar conclusiones basadas exclusivamente en la cotización de los inmuebles en moneda estadounidense.
El titular de APPCU también planteó la necesidad de revisar los incentivos tributarios para los emprendimientos de menor escala que no están comprendidos en los regímenes de vivienda promovida ni en los beneficios previstos para proyectos de gran dimensión económica. En particular, mencionó desarrollos con inversiones de entre uno y cinco millones de dólares, que, según consideró, se encuentran en una situación de desventaja competitiva.
Como alternativa, propuso establecer un régimen de reducción del IVA que permita mejorar las condiciones para este tipo de proyectos. Kaplan sostuvo que una medida de estas características podría estimular nuevas inversiones sin representar, a su entender, un costo económico y financiero significativo para el Estado.
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó el papel de la construcción como motor de la actividad económica y planteó la necesidad de desarrollar una estrategia de infraestructura que acompañe las transformaciones productivas del país.
Durante su intervención, sostuvo que las obras no solo generan empleo directo, sino que también movilizan servicios logísticos, actividades industriales, profesionales y empresas vinculadas a distintas cadenas productivas.
En particular, destacó la importancia de mejorar la infraestructura para aumentar la competitividad del sector agropecuario, facilitar el transporte de mercaderías y fortalecer la conexión del país con los mercados internacionales.
"Tenemos que producir más en las cosas que hacemos, tenemos que aumentar la productividad en nuestro sector agropecuario, pero necesitamos tener mejor logística y mejores capacidades para transportar esa mercadería", señaló. En ese marco, mencionó la necesidad de avanzar hacia un sistema de transporte multimodal, con mayor integración entre carreteras, ferrocarriles, puertos y otras infraestructuras estratégicas.
"Necesitamos prender las luces largas para mirar hacia el futuro", expresó Sánchez, quien defendió la construcción de acuerdos que permitan proyectar el desarrollo más allá de las urgencias de cada período de gobierno. El jerarca destacó que Uruguay cuenta con ventajas vinculadas a su estabilidad institucional y a la capacidad de diálogo entre distintos actores sociales. Sin embargo, advirtió que esas fortalezas no deben convertirse en un argumento para mantener el inmovilismo. "Tenemos una agenda de transformaciones importantes", afirmó.
Uno de los planteos centrales de Sánchez estuvo vinculado a la posibilidad de desarrollar instrumentos financieros que permitan canalizar parte del ahorro de los uruguayos hacia proyectos de infraestructura.
El secretario de la Presidencia señaló que existen aproximadamente 85.000 millones de dólares pertenecientes a residentes uruguayos depositados o invertidos en el exterior. Según sostuvo, esos recursos representan una oportunidad para financiar inversiones estratégicas en el país.
"Uruguay tiene una enorme oportunidad de construir instrumentos que permitan canalizar estos recursos y este ahorro nacional en obras de infraestructura soberana", afirmó. Para Sánchez, el desafío consiste en generar condiciones de confianza y mecanismos adecuados para vincular el ahorro privado con las necesidades de inversión de largo plazo, con el objetivo de mejorar la productividad, la conectividad y las condiciones de vida de la población.
El jerarca también se refirió a las oportunidades asociadas a las inversiones tecnológicas y a las industrias intensivas en energía eléctrica. En ese sentido, destacó las ventajas de Uruguay por su matriz de energías renovables, su conectividad y la estabilidad del sistema eléctrico. No obstante, advirtió que la llegada de grandes proyectos internacionales también exige nuevas inversiones en generación y transmisión de energía, conectividad digital y planificación territorial.
Las intervenciones dejaron planteada una agenda de desafíos para una industria que comienza a recuperar dinamismo, pero que necesita mejorar su competitividad y consolidar las condiciones para sostener el crecimiento.
Mientras los empresarios reclamaron mayor previsibilidad, incentivos a la inversión y mecanismos institucionales para planificar la infraestructura, el gobierno puso el acento en la necesidad de articular los recursos públicos y privados en torno a una estrategia de desarrollo de largo plazo. El acuerdo laboral del sector también apareció como una referencia sobre la posibilidad de construir entendimientos entre actores con intereses diferentes.
Sánchez cerró su intervención con un reconocimiento al proceso de negociación entre empresarios y trabajadores y destacó la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo. "Ningún progreso se construye sin diálogo ni acuerdo social", concluyó.