El Tribunal de lo Contencioso Administrativo rechazó recurso contra el proyecto Arazatí

El órgano desestimó la demanda de la organización Redes Amigos de la Tierra que apuntaba a que la iniciativa era inconstitucional.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo se definió sobre la demanda de Redes Amigos de la Tierra.

Foto: @redes_at

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) rechazó el recurso presentado por la organización de ecología social Redes Amigos de la Tierra contra el proyecto Neptuno (más conocido como proyecto Arazatí), donde se apuntaba que la iniciativa era inconstitucional debido a la participación de privados en el contrato.

En las últimas horas, el órgano jurisdiccional desestimó la demanda presentada en 2023 por Redes Amigos de la Tierra a raíz de la presencia de privados en el proceso de producción y distribución de agua potable.

Desde la organización sostenían que esto era contrario al artículo 47 de la Constitución, el cual señala que solo "personas jurídicas estatales" pueden estar detrás "servicio público de abastecimiento".

A través de sus redes sociales, Redes Amigos de la Tierra expresó en enero que "Neptuno solo cuenta con el aval del gobierno y las empresas, el resto del espectro social, político y académico no apoya el proyecto".

"Es lamentable que no se haya escuchado a la academia"

Por su parte, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, sostuvo este fin de semana que "es lamentable que no se haya escuchado a la academia, ni a científicos, ambientalistas y productores agropecuarios".

Asimismo, el jerarca partidario entiende que se trata de "un muy mal negocio", pero "mucho peor inversión pública", puesto que "no le resuelve el tema del agua potable al área metropolitana" y "condiciona la calidad de la misma".

"Decisiones de este tipo cuando un gobierno pierde, son erráticas", y aclaró que el gobierno electo de Yamandú Orsi tendrá ahora que "analizar" la propuesta.

Pereira entiende que el oficialismo "nunca debió firmar un convenio que el FA le pedía que no hiciera" y que se trata de "un capricho de gobierno que les va a costar 800 millones de dólares a los uruguayos".