El planteo central expone cómo los subsidios al transporte y los beneficios a los autos eléctricos recargan el precio final del combustible.
El sector privado propone que los 111 millones de dólares anuales destinados a subsidios sociales dejen de cargarse a la tarifa del combustible de la industria y el agro.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) convocó a una consulta pública para nutrir el proyecto de ley de competitividad e innovación que prevé elevar al Parlamento a fines de mayo y el sector privado trasladó 50 propuestas de cámaras empresariales, ámbitos académicos y particulares.
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Muchas de estas propuestas del sector privado repiten reclamos históricos, burocracia, costos de exportación, plazos de pago del Estado, pero esta vez llegaron con números concretos que el gobierno no puede ignorar.
El planteo más detallado vino de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), que nuclea a cerca de treinta gremiales sectoriales. La supragremial puso sobre la mesa un análisis de la composición del precio del gasoil que expone una contradicción de política pública: los subsidios al boleto de ómnibus y al supergás, que se financian parcialmente a través del precio del gasoil, cuestan 111 millones de dólares anuales y encarecen el litro del combustible en 4,20 pesos.
Al mismo tiempo, la exoneración del Imesi a los vehículos eléctricos e híbridos, una política de incentivo a la electromovilidad que el gobierno defiende activamente, equivalió en 2025 a 144 millones de dólares. Los eléctricos, además, no pagan la Tasa General Arancelaria.
La lectura implícita de la CCE es directa: el Estado financia la política de electromovilidad y los subsidios sociales en parte a expensas del precio del gasoil, lo que encarece el transporte de carga y erosiona la competitividad del agro y la industria exportadora. La confederación fue cuidadosa en aclarar que considera "fundamental preservar" los estímulos a la electrificación del transporte público y los servicios esenciales, pero abre el debate sobre cómo financiar esas políticas sin cargar el costo sobre el combustible productivo.
El planteo llega en el peor momento posible para el gasoil: el precio internacional del petróleo supera los 100 dólares por barril por el conflicto en Medio Oriente y el gobierno ya confirmó que habrá un ajuste en los combustibles desde mayo.
La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) apuntó a otro costo que considera distorsivo: las tarifas de las terminales portuarias. La gremial propuso que las tarifas que aplica la Administración Nacional de Puertos (ANP) tiendan a la baja cuando se trate de materias primas, y que directamente se exoneren en el caso de importación de bienes de capital promovidos por la Comisión de Aplicación de la Ley de Promoción de Inversiones y cuando sean kits automotores.
Pero el reclamo más estructural apunta al sector privado: la CIU propuso "la creación de un sistema regulatorio de las tarifas aplicadas por las terminales portuarias, para que no haya un abuso de posición dominante".
Otro de los reclamos concretos de la CIU apunta al Estado como cliente moroso. La gremial propuso "promover que los plazos de pago para las pequeñas empresas no superen los 60 días". El planteo refleja una queja recurrente del sector privado: las pymes que proveen al Estado enfrentan plazos de cobro que pueden extenderse varios meses, lo que les genera problemas de liquidez y las obliga a recurrir al crédito bancario para financiar ese desfase.
La CIU también apuntó al Ministerio de Salud Pública (MSP) como fuente de costos innecesarios. Propuso implementar renovaciones simplificadas de productos en algunos casos, aumentar los plazos de vigencia de los registros y reducir los costos de habilitación de medicamentos, alimentos y productos de limpieza. En la misma línea, la CCE planteó la digitalización e interoperabilidad de los organismos del Estado y "plazos máximos obligatorios" para los trámites regulatorios.
Todas estas propuestas serán insumo para el proyecto de ley de competitividad e innovación que el MEF prevé elevar al Parlamento a fines de mayo y que apunta a establecer criterios de regulación eficiente, transparentar los procesos de creación normativa y alinear el costo de los trámites con su costo real para el Estado.
La consulta pública recibió también propuestas de digitalización integral de trámites ante los organismos recaudadores, fortalecimiento de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia y reconocimiento de certificaciones internacionales para reducir el costo de importación de productos. El MEF eligió destacar esos planteos más sistémicos en su comunicado oficial.
Lo que el sector privado pone sobre la mesa, en cambio, es más urgente y más específico: bajar el precio del gasoil, regular las tarifas portuarias privadas y hacer que el Estado cumpla con sus proveedores en tiempo y forma. Tres reclamos que llevan años en la agenda empresarial y que ahora tienen una ventana concreta para convertirse en política pública.
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